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Aunque he dejado pasar una semana para no opinar en caliente y analizar con más sosiego la suspensión de la externalización sanitaria en Madrid, sigo sin salir de mi estupor. En contra del latiguillo mil veces repetido de que dicha externalización constituye una privatización que cercena el sistema público, sostengo que es su suspensión, no su propagación, lo que supondrá el golpe de gracia para un modelo público ejemplar que, sin embargo, da muestras de un agotamiento extremo, está supeditado a intereses de clase y no es sostenible. No. El SNS se resquebraja porque no hay fondos para mantenerlo. La llegada de terapias cada vez más caras pero espectaculares, la tecnología puntera que se incorpora al mercado, las necesidades de una población muy envejecida, la infraestructura obsoleta (en muchos casos, con más de 50 años de antigüedad) y la balumba de nóminas a las que hace frente el primer empleador de España son imposibles de pagar con los ingresos actuales.

Si se cumplen los pronósticos de los organismos internacionales, la recaudación que obtendrá el Estado en un entorno de crecimiento económico pírrico durante, al menos, los próximos cinco años, será insuficiente para que las autonomías presten la asistencia igual que ahora. El sistema sanitario puede compararse con un balón lleno de aire cuyas costuras están a punto de reventar. Con el dinero que hay, no se puede financiar todo. Las autoridades han llegado a la disyuntiva de tener que elegir. O se pagan las pensiones, o se sufraga la educación o se emplea el dinero para la Sanidad. Pero para todo no hay. Por ello, resulta inexplicable que, aquejados por el aliento de mareas blancas y de protestas muchas veces teledirigidas, los máximos responsables de gestionar las cuentas públicas renuncien a utilizar una de las pocas herramientas que hay para ahorrar gastos y dotar de nuevos aires a un sistema anquilosado. La gestión externa aporta eso y más, como demuestran las experiencias de Valencia, en Alcira, o de la Comunidad de Madrid, en la Jiménez Díaz. Si dicha externalización transfiere riesgos y no solo recursos hacia la privada, ¿por qué renunciar a ella? Porque puede más el temor a perder votos que la necesidad de acometer las profundas reformas que precisa el país. Frente a lo que defienden los impulsores de las protestas, la suspensión de Madrid y la dimisión de Javier Fernández-Lasquetty son una pésima noticia para el modelo público. Lo es porque aborta el cambio y porque tendrá un efecto dominó que se extenderá a todo el país. No sería extraño que las empresas que se aventuraron a participar en el proceso miren ahora al extranjero en busca de países más fiables para invertir.

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