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Tras los castellano-manchegos, los médicos canarios serán los próximos en realizar un paro el próximo 13 de junio, en este caso de tres horas —aunque no descartan otro de 24 próximamente— y en tomar las calles para llegar hasta la sede de la Presidencia del Gobierno autonómico y de una Consejería de Sanidad que no ha tenido en cuenta ninguna de sus reivindicaciones ni de las medidas de ahorro que ha planteado el colectivo como alternativas a la política de recortes.
Canarias se suma así al malestar que vienen expresando regiones como Andalucía o Murcia, donde sindicatos y colegios de médicos llevan tiempo manifestándose en contra de las propuestas de sus respectivas administraciones. En el caso de la primera, su consejera de Salud, María Jesús Montero, ha recordado a los profesionales que la Junta ha abierto un periodo para que hagan sus propuestas alternativas para aplicar un recorte salarial que, tal y como estaba planteado, pretendía ahorrar 256 millones de euros en personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) obteniendo 10 millones de jornadas con el incremento de dos horas y media el trabajo semanal y supliendo así los 4 millones de jornadas que se perderán con la reducción de un 15 por ciento de personal interino y eventual, algo que para el Colegio de Médicos de Córdoba y el sindicato médico autonómico significa aprovechar los recortes para “ir más allá” de lo necesario.
Tampoco ha gustado en Murcia la propuesta de contrato de 25 horas de jornada de trabajo de lunes a viernes —en lugar de las 37,5 horas que se está aplicando en la actualidad— algo que, según CESM, incumple las condiciones negociadas en Mesa General, donde se acordó, a propuesta de la Consejería de Hacienda, que esta reducción no afectaría al personal sanitario, dada la “esencialidad” de estos servicios.
El más que probable cierre de los Puntos de Atención Continuada (PAC) situados a menos de 30 kilómetros de los hospitales de referencia —según una información publicada por ABC—, que conllevará la pérdida de retribuciones por guardia de muchos facultativos, la pérdida del derecho a un descanso posterior al no sobrepasar las 12 horas de trabajo ininterrumpido y el colapso de las urgencias hospitalarias, no ha hecho sino enrarecer aún más el clima en Castilla-La Mancha, tras la huelga que los médicos protagonizaron el pasado 30 de mayo.
Por su parte, la coalición de médicos y enfermeros Cemsatse de la Comunidad Valenciana pedirá la retirada del nuevo sistema de gestión sanitaria, que considera “privatizador”, y exigirá a la Consejería de Sanidad que elabore un documento que garantice que esta gestión se seguirá realizando como hasta ahora. Cemsatse calcula que con los beneficios que obtendrán los operadores privados —unos 2.300 millones de euros, con un techo de beneficio de entre un 10-15 por ciento— se podrían construir entre 10 y 15 hospitales y casi 100 centros de salud.
La sombra de una futura huelga se extiende también hasta Madrid donde el sindicato médico Amyts ha roto sus relaciones con la consejería por el “ninguneo” que está ejerciendo sobre ellos pese a que han tratado de buscar soluciones para aplicar con la mayor “racionalidad” el aumento de la jornada laboral. En su opinión, la Administración nunca ha pretendido aumentar la productividad y el tiempo de dedicación de los facultativos a sus pacientes sino de deducir el importe de esas 2,5 horas semanales de otros conceptos retributivos. Prueba de ello es la nueva bajada salarial del 3,3 por ciento en el sueldo del personal laboral contemplada dentro del proyecto de ley de modificación de los presupuestos de 2012 aprobado en el último Consejo de Gobierno, algo que consideran una “declaración de guerra” y ante lo que ya preparan una respuesta “contundente”.
