Redactor jefe de ‘La Razón’ viernes, 21 de febrero de 2014 h
Aunque en los últimos dos años ha acometido reformas trascendentales a las que, por desgracia, no se les ha concedido la relevancia que merecen, hay una que queda pendiente y que empeora la nota del Ministerio de Sanidad con Ana Mato al frente: la equidad y la cohesión territorial. Parte de culpa conviene atribuírsele a las autonomías, que hacen siempre de su capa un sayo y de su Sanidad un reino de taifas, pero la gran responsabilidad de lo que ocurre, por no ponerle freno, corresponde a la Administración central y a la máxima autoridad sanitaria del Estado, encarnada en el edificio del Paseo del Prado, que parece haber renunciado al ejercicio de la Alta Inspección. Pese a que son varias las áreas en las que se ha mantenido o empeorado la diferencia entre territorios al partir de presupuestos cada vez más agrietados en función de la situación económica de cada uno de ellos, como son los salarios de los profesionales, las prestaciones ofertadas o las tecnologías usadas, hay una en la que la inequidad se lleva la palma: la de los medicamentos.
Desoyendo las crecientes voces que dan la voz de alarma, las consejerías actúan aún a su antojo consolidando un SNS de dos velocidades en materia de fármacos, con pacientes de primera o de segunda según el feudo en el que nazcan o el que residan. Muchas de esas inequidades salieron a la palestra en el café de redacción organizado por el Grupo Contenidos sobre el paciente crónico, en el que se hizo hincapié en que las más relevantes atañen a productos innovadores como los anticoagulantes orales o los nuevos medicamentos contra la hepatitis. El desaguisado es tal que en algunos territorios el acceso a dichas terapias se topa con más burocracia que la descrita en el proceso de Franz Kafka, mientras en otros los enfermos tienen más fácil obtener los tratamientos.
Aunque en todas las comunidades se cuecen habas, y se han podido ver todo tipo de iniciativas dirigidas a frenar la llegada de la innovación de una manera dispar y descoordinada con el resto, hay un territorio que se lleva la palma de la arbitrariedad: Andalucía. Las subastas de medicamentos rozan ya el esperpento, como denuncian farmacéuticos, médicos, laboratorios innovadores y hasta de genéricos, además de, por supuesto, los pacientes. El problema no es ya que impidan a los ciudadanos de la comunidad acceder a productos con los que sí pueden tratarse los pacientes de Extremadura o Castilla-La Mancha, sino que, además, vienen acompañadas de un desabastecimiento por las dificultades de suministro que tienen las compañías seleccionadas. Se trata de un caso grave contra el que el ministerio debería disponer de armas resolutivas, al margen de los consabidos recursos judiciales.
¿Qué laboratorio nacional teme que el desvarío nacionalista de Artur Mas suponga la puntilla a su cuenta de resultados?
¿Qué gran gesto tuvo la presidenta de los farmacéuticos españoles, Carmen Peña, hace unas semanas, en el que demostró que además de una gran profesional es una gran persona?
¿Qué consejero del PP ha recibido un “toque” del partido por ir por libre y al margen del Ministerio de Sanidad?
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