“La innovación que debemos financiar públicamente es la innovación contributiva, aquella que tiene resultados adicionales en salud”. Con esta frase insistía la semana pasada Carlos Lens, subdirector general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, en la idea de que no se puede financiar todo y en que hay que priorizar los recursos para destinarlos a los fármacos que de verdad posean una innovación, a aquellos que ofrezcan “una diferencia estadísticamente significativa en el ensayo clínico frente al estándar de tratamiento”.
Asimismo, Lens también quiso destacar la importancia de evaluar la inclusión de medicamentos en la prestación atendiendo a su coste-efectividad, a su impacto presupuestario y a su contribución al Producto Interior Bruto (PIB) del país. Un último requisito, el del PIB, recogido en el Real Decreto-ley 16/2012 y que Lens subrayó especialmente, ya que “si no se genera PIB, difícilmente se pueden allegar recursos para financiar las prestaciones sociales, incluidas las sanitarias”.
Unos argumentos con los que también se mostraron de acuerdo los invitados italianos al encuentro “Las Reformas sanitarias en España e Italia: descentralización, cartera de servicios e incorporación de la innovación”, organizado por la Fundación Gaspar Casal y PharmaMar. En medio de una crisis que afecta sobre todo a economías más débiles como la española o la italiana, se hace especialmente importante “ser estrictos en el análisis” y diferenciar si el fármaco es “modificador de la historia natural de la enfermedad”, destacó Lens.
Una idea que también comparte Gianluigi Casadei, del Centro de Economía Sanitaria “Angelo e Angela Valenti” (CESAV), del Instituto de investigación farmacológica Mario Negri, de Bergamo, Italia, que resaltó la importancia de saber distinguir entre un fármaco nuevo y uno innovador. Para este economista de la salud, es esencial “juzgar el beneficio real del fármaco, pero con respecto a la terapia alternativa y no solo con respecto a placebo”.
En opinión de Lens, es importante diferenciar tres posibilidades. En patologías de alta incidencia y prevalencia que ya tengan un tratamiento razonable, Lens cree que “habrá que aportar mucho u ofrecer un menor coste”, tal y como ocurre en otros mercados no sanitarios. Sin embargo, en patologías de resolución insuficiente con el estándar de tratamiento, se podrían abordar directamente ensayos clínicos de superioridad si el fármaco ofrece buenos resultados con cierta seguridad en fases preclínicas. Y, por último, en el caso de patologías de baja incidencia con mal pronóstico o tratamiento insuficiente, cabría incluso la superioridad frente a placebo “si con ello se posibilita la entrada en tratamiento de una alternativa prometedora”, concluyó.
Cartera de servicios
En plena revisión de la cartera de servicios, los ponentes del encuentro plantearon la necesidad de incorporar la innovación en estas prestaciones sanitarias. Además, se habló también del copago, una medida en la que Italia ya tiene gran experiencia. Todas ellas “medidas difíciles que requieren de evaluación no solo económica, sino también de impacto sobre la salud”, destacó Patricia Moreno, profesora del departamento de Economía de la Universidad de Cantabria. Moreno mostró también las desigualdades existentes en materia de sanidad según comunidades autónomas, siendo el coeficiente de variación entre ellas de hasta el 13,6 por ciento. Además, subrayó que no existe relación estadísticamente significativa entre las autonomías que más dinero gastan en sanidad y las que mejores indicadores de salud muestran.
Aunque consciente de este “peligro de inequidad”, Manuel Cervera, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad en el Congreso, calificó la descentralización de “muy positiva” si se sabe coordinar y se alinean objetivos.
