carlos b. rodríguez
Madrid
Puede haber discrepancia sobre algunos puntos, pero el Sistema Nacional de Salud (SNS) al completo está por la labor de no convertir la gripe A en un arma política. La foto de familia previa al último Consejo Interterritorial pudo ser también la imagen de su culminación, pues en su comparecencia posterior la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, apareció arropada por todos los consejeros de Sanidad. El objetivo del SNS parece ser el mismo: frenar el pánico ante la nueva gripe tras los fallecimientos del verano y preparar el terreno para la marabunta de contagios que, según las previsiones, traerá el otoño.
Todos los consejeros, incluidos los del PP, acordaron por unanimidad los grupos de riesgo a vacunar: embarazadas, enfermos crónicos a partir de seis meses de edad, personal sanitario y servicios esenciales, el 20 por ciento de la población; y las vacunas a adquirir: la reserva de España permitirá vacunar hasta a un 60 por ciento de la población. La solución adoptada es un calco de las recomendaciones lanzadas por la OMS y la Unión Europea. Eso sí, según Jiménez, “todas revisables”.
Después, todos los responsables de Educación acordaron no modificar el calendario escolar ni vacunar a los profesores. La postura de las regiones populares contrasta, no obstante, con la de la dirección del partido, que volvió a poner en práctica el doble juego que ya anunció en el caso del modelo de financiación: las regiones lo apoyarán, pero el aparato lo criticará.
Vacunas y antivirales
El objetivo del PP es el mismo que el del Gobierno: tranquilizar a la ciudadanía, y el principal motivo de la discordia son las vacunas. En los últimos días, responsables del PP han criticado la falta de vacunas y que tan sólo se haya decidido vacunar a los menores de 14 años que tengan alguna patología previa. Es éste un punto conflictivo, y ya hay una región —Galicia— que se ha aferrado a la puerta abierta dejada por el ministerio para insistir en este punto, aunque sin llegar a romper el consenso del CISNS.
Varios elementos juegan en contra de la estrategia de llevar la calma a los hogares españoles. Para empezar, la fecha de inicio de la vacuna frente a la gripe A. La decidirá la Comisión de Salud Pública una vez las vacunas tengan la autorización de la EMEA, cosa que no ocurrirá, previsiblemente, antes de noviembre. Es decir, que no habrá vacuna para la primera gran oleada de contagios.
Además, los antivirales oseltamivir y zanamivir DCI (Tamiflu y Relenza) no volverán, de momento, a las farmacias. Sólo lo harán si el número de contagios es alarmante, y aun así sólo podrán adquirirse con receta médica. Será el Interterritorial quien lo decida. También la futura vacuna contra la gripe A podría venderse en farmacias, pero el ministerio no cree que eso sea posible antes de diciembre o enero, una vez que las compañías que ahora investigan hayan terminado de abastecer las demandas de cada Estado.
El Gobierno ha adelantado la campaña de vacunación contra la gripe normal, ha constituido una comisión de seguimiento entre Sanidad y Educación y ha elaborado folletos educativos, pero está por ver si es suficiente. De momento, las recomendaciones se siguen a pies juntillas, y algunas farmacias españolas han agotado ya las existencias de geles, toallitas y mascarillas.
El peligro está en Internet. A la OMS le preocupa que algunas webs ofrezcan Tamiflu sin restricciones. Las ventas ilegales se han duplicado, y su precio, en algún caso, supera hasta un 530 por ciento el que tenía cuando se dispensaba en las farmacias españolas.
