El informe de la Organización Médica Colegial (OMC) sobre el sector farmacéutico ha provocado un cisma entre dos de los principales agentes del sistema sanitario español. La publicación del documento ha coincidido en el tiempo con el inicio del Congreso Nacional Farmacéutico, lo que ha dado pie a multitud de críticas.
El documento pone el dedo en la llaga en un cuestiones sensibles para todos los agentes del sector farmacéutico, como la liberalización de la oficina de farmacia, concesiones temporales, rechazo a la prescripción del farmacéutico, una regulación más estricta sobre la trazabilidad de los fármacos, la dispensación de medicamentos en las farmacias de los hospitales y los centros de atención primaria, compra centralizada o prescripción por denominación común internacional.
El documento se alinea con las voces que desde la Unión Europea solicitan la liberalización de las boticas, a las que acusa de constituir “un monopolio artificial”. La directiva de la Comisión Europea ya estuvo sobre la mesa del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, al principio de la legislatura, pero finalmente quedó descartada. Tanto los sucesivos Gobiernos del Partido Popular como del PSOE han rechazado esta medida, satisfechos con el funcionamiento del suministro de medicamentos. Los representantes de los colegios provinciales de farmacia tildaron el texto de “inoportuno”, “desafortunado” y “temerario”, entre otros calificativos. Incluso el vicepresidente de la OMC, Serafín Romero, explicó a GM que “evidentemente, hay un problema”, ante la polémica generada. Romero admitió que el informe “golpea las líneas de flotación del modelo farmacéutico”, aunque insistió en que el objetivo de su organización es la reducción del gasto sanitario y “que algunas medidas respecto al modelo farmacéutico permitirían rebajarlo”.
Temporalidad y meritocracia
Entre las medidas que plantea la OMC se encuentra la temporalidad de las concesiones de las boticas, que deben obtenerse por sistema meritocrático y la devolución de la licencia por jubilación, renuncia o devolución del titular. “Entendemos que una autorización administrativa no debe ser, en el ámbito sanitario público, objeto mercantil en sí misma”, según se subraya en el informe. El director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Javier Castrodeza, que participó en el congreso farmacéutico, trató de templar los ánimos y se limitó a advertir de que “no es momento de fracturar la práctica colaborativa”. La presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia (Cgcof), Carmen Peña, trató también de calmar la situación tendiendo la mano “una y mil veces” al colectivo médico.
Pero más allá del actual modelo de farmacia, el consejo de colegios de médicos se replantea el papel del farmacéutico. “El seguimiento terapéutico, encuadrado en la ‘atención farmacéutica’ no debe interferir en la pauta terapéutica elaborada por el médico, de tal forma que se evite la confusión en el paciente y el distanciamiento en la relación médico-paciente”.
En esta línea, rechaza una de las reclamaciones históricas de los boticarios, la prescripción de medicamentos: “No se puede ser juez y parte, recomendar, prescribir y vender un producto donde, en virtud de lo que se venda, hay un margen comercial mayor o menor”.
La OMC avisa de que este reparto de competencias entre médicos y farmacéuticos supondría para el Estado un aumento de la factura. La institución que preside Juan José Rodríguez Sendín califica de injustificable que el gasto en España se encuentre por encima de la media de la eurozona y llega a responsabilizar a las boticas del avance de los costes, a pesar de las medidas introducidas para su racionalización. “Sería muy útil estudiar si el incremento del coste de un medicamento en un 38,7 por ciento para el usuario, justifica el servicio recibido en términos de beneficios menos riesgos añadidos, más allá de la prescripción, y otro tanto con el incremento del 11,78 por ciento de la distribución mayorista.”, incide el informe.
El documento propone medidas con el fin de reducir el gasto. Una de ellas contempla el suministro directo de medicamentos desde los servicios de farmacia de atención primaria o “la adquisición directa desde una central de compras diseñada al efecto”. La OMC pone como ejemplo la colaboración entre las consejerías de Sanidad y Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, en la que los farmacéuticos especialistas y los médicos trabajan de manera conjunta en la atención de 5.000 pacientes polimedicados de 55 residencias sociosanitarias.
El texto sugiere el establecimiento de alternativas terapéuticas, organizadas por subgrupos de medicamentos, un modelo que recuerda a las ATEs de la consejería de Salud de la Junta de Andalucía y que ha generado en los últimos meses críticas desde el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, así como de Facme.
En línea con este objetivo de ahorro, recomienda la apuesta por los medicamentos genéricos y biosimilares, así como un seguimiento estricto de los criterios de eficiencia económica. “No se debería financiar ningún nuevo medicamento que no presente ventajas significativas en su valor terapéutico y eficiencia con relación a los ya existentes en su campo, y de referencia”.
En este sentido, se muestra crítico con la inversión en investigación y desarrollo que realiza en la actualidad la industria farmacéutica. “La evolución del gasto en políticas de I+D en nuestro país, si bien ha experimentado crecimientos muy notables, está todavía muy por debajo de otros países con economías avanzadas”.
