El Consejo de Ministros ha decidido presentar ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencias contra la Resolución del Servicio Andaluz de Salud que convocó las subastas andaluzas, con lo que la aplicación de dicha norma queda automáticamente suspendida. El Gobierno, a la hora de presentar el recurso entiende que la resolución andaluza “fija un nuevo régimen legal no previsto en la legislación básica estatal”.
Según ha explicado el Ejecutivo, el SAS pretende regular “la prescripción de medicamentos sin tener competencias, al ser el Estado quien tiene la competencia exclusiva en materia de legislación farmacéutica”.
Esta decisión llega avalada por el informe del Consejo de Estado, en el que se cuestiona la adecuación competencial de la resolución. Y es que el Gobierno estima que las subastas reducen “la oferta establecida de las prestaciones garantizadas en Andalucía respecto a las garantizadas por su inclusión en la cartera de servicios comunes del Servicio Nacional de Salud”.
Además, según argumenta en su recurso, mediante esta resolución se “vulneran las competencias estatales al establecer un régimen que viene a modificar la cobertura de la prestación de financiación de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud”.
Farmaindustria ha mostrado su respaldo total a la decisión del Ejecutivo ya que según ha explicado esta patronal, las subastas “constituyen un caso más de inequidad entre los pacientes españoles en función de la comunidad en la que residen”, que además provoca “la ruptura de la unidad del mercado farmacéutico” e implica una “grave restricción de la competencia para las compañías farmacéuticas”.
