La fiesta terminó. Sí, se acabó el hacer un presupuesto y luego pasarse sin límite. O, bueno, por lo menos debería ser así. Y si, finalmente, alguien ha hecho mal los cálculos… vergüenza torera y dimisión. Eso sería lo normal. Lo que pasaría en cualquier empresa privada que se precie. Porque, si alguien realiza un presupuesto para hacer frente a unos gastos y esos gastos, año tras año, son muy superiores a ese presupuesto inicial, cuando va a meter la mano en la caja se da cuenta que no hay. Y eso, una vez que nos han abandonado los tiempos de bonanza económica, es lo que está ocurriendo: la caja está vacía y por más que se rasque el fondo no da más de sí.
La farmacia española sabe bien qué significa esto. Lo sabe por experiencia propia. La falta de liquidez en las cajas de las consejerías de Sanidad autonómicas se está convirtiendo en un problema de primer orden que amenaza (en algunos casos ya es una realidad) con retrasar el pago de las facturas a los colegios de farmacéuticos provinciales. Un problema que afecta también a los laboratorios farmacéuticos y proveedores sanitarios, a los que las comunidades autónomas adeudan cerca de 7.000 millones de euros.
La fiesta terminó. Cataluña ya comunicó que tenía que retrasar el pago del 70 por ciento de la factura. En Baleares, el colegio de farmacéuticos ya ha tenido que pedir un crédito de 43 millones de euros para poder abonar las facturas de sus farmacias a la espera de que, a principios de 2011, y con el dinero calentito de los presupuestos de ese año, la Consejería de Sanidad le pague las facturas atrasadas. En la Comunidad Valenciana ya se han pasado 116 en el presupuesto, aunque su director de Farmacia, José Clérigues, afirma que ellos cumplen con el pago mensual. Y así, una por una.
Llegó la hora de hacer un ejercicio de responsabilidad, de dejar a un lado los brindis al sol. Hay que aprobar presupuestos adecuados y trabajar por no sobrepasarlos. A eso se le llama adoptar medidas estructurales. Pensar más allá de la coyuntura del momento.
