a.c.
Murcia
A la hora de debatir qué derecho prevalece sobre el otro, si el del profesional para objetar o el del ciudadano a acceder a sus medicamentos, ambos reconocidos, respetables y confrontados, tan sólo contamos a día de hoy con lo que Enrique Soler, presidente de la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria (SVFH) y experto en Ética Farmacéutica, ha acuñado como “indicios de jurisprudencia”, que no son otros que las diversas sentencias ya emitidas por los tribunales en torno a estos conflictos. Si bien no crean jurisprudencia, sí son recogidas en los considerandos de nuevos procesos judiciales. Unas sentencias que, según Soler, “suelen reconocer el derecho profesional a objetar”.
Mientras que a los boticarios les ampara la Constitución, la Ley de Garantías reconoce el derecho del paciente a la dispensación. ¿Cuál de ellos es prioritario? ¿Se debe dejar a la interpretación de los jueces? Para Soler, la solución pasaría por “una regulación de la objeción a nivel general”.
Este experto recuerda que “en algunas de las sentencias del Constitucional ya se insta al Estado a regular este campo, mediante normativas que recojan los casos en los que el profesional puede acogerse a ella”, tal y como precisó en la mesa redonda “Objeción de conciencia en sanidad” organizada por la Fundación Hefame el pasado 11 de noviembre en Murcia, encuentro que reunió a expertos sanitarios en ética y deontología. El presidente de la SVFH es consciente de que esta posible regulación “tampoco respondería a cada caso concreto, pero sí definiría criterios de interpretación”.
Por otro lado, cabe destacar que este debate va para largo. Al menos así lo cree Soler, que indica que “es imposible regularla de la noche a la mañana”, surge otra discusión paralela, también abordada en el acto de Hefame, sobre la posible creación de registros de profesionales objetores.
Aquí hay disparidad de opiniones. Mientras que Rafael Pacheco, jefe de Medicina Legal del Hospital Reina Sofía de Murcia, apuntó la necesidad de “crear registros de profesionales que se nieguen a intervenir en determinadas prácticas, para una correcta planificación de las urgencias y guardias farmacéuticas, que impidan que varios objetores coincidan en el mismo turno”, Soler lo consideró “muy peligroso”, ya que “con él se estaría sentenciando la vida profesional del boticario”.
Además, afirmó que “la lista no debería limitarse a declarar al profesional como objetor, ya que en unos casos desea objetar y en otros no”, y alertó que figurar en ella “puede interpretarse como un castigo por objetar”.
