Aunque el modelo de financiación de 2009 ha supuesto algunas mejoras para las comunidades insulares, no ha terminado de corregir los desequilibrios de financiación provocados por modelos anteriores. Canarias denuncia haber sido la tercera comunidad peor financiada en el 2014; Islas Baleares se sitúa en el cuarto puesto, a pesar de ser la segunda región por volumen de recaudación. Llegado el final del quinquenio de vigencia del sistema, ambas regiones solicitan al Gobierno central que ponga fin al déficit histórico que arrastran, contabilizado en 2.161 millones de euros en el caso de Canarias y en 1.000 millones en el caso de Islas Baleares.
Esta situación ha marcado un perjuicio claro para las islas, que en los últimos cinco años se han visto forzadas a realizar unos ajustes en su gasto superior para cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. De ahí que, tras la decisión del Ejecutivo de retrasar la reforma del modelo, ambas regiones se encuentren entre aquellas que han asegurado que la sostenibilidad del Estado de Bienestar ya no puede seguir garantizándose a golpe de ajuste autonómico, ya que se trata de déficit estructural que solo puede solucionarse vía ingresos del Estado.
De cara a la reforma del sistema, ambas regiones comparten además la histórica defensa de la insularidad como criterio que sigue sin tener el peso suficiente dentro del modelo. “La doble y la triple insularidad de nuestro archipiélago, unido al hecho de ser una de las principales receptoras de turismo a nivel mundial, ha supuesto en los últimos años la puesta en marcha de nuevos hospitales en todas las islas. Todo esto implica mayores costes en relación a comunidades autónomas no insulares”, defendía hace unas semanas María José Bauzá, diputada popular, en el Parlamento balear, durante el debate de una PNL que su grupo sacó adelante, en la que se instaba al Gobierno Central a modificar el sistema a fin de contemplar un cálculo “más ajustado” a las necesidades reales del gasto sanitario de la región. Baleares pide que se tengan en cuenta factores diferenciales como la insularidad, el incremento poblacional experimentado en los últimos años, la población flotante derivada de la afluencia turística y la deuda histórica.
El informe que el gobierno regional remitió al Ministerio de Hacienda expone con detalle los efectos desiguales del sistema de financiación. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto, por ejemplo, una enorme variabilidad de los recursos por habitante ajustado entre las diversas comunidades autónomas (ver tabla). Mientras que existen comunidades cuya financiación se sitúa más de un 20 por ciento por encima de la media, Baleares y Canarias se sitúan, respectivamente, un 12 y un 13 por ciento por debajo de la media, siendo así dos de las más perjudicadas por el sistema.
Aunque Canarias no ha hecho público el informe remitido a Cristóbal Montoro, el ejecutivo insular ha denunciado esta situación en diversos foros. Recientemente, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, explicaba, dentro del ciclo de conferencias ‘La Calidad del Sistema Nacional de Salud’ que organiza en Madrid Previsión Sanitaria Nacional, que el modelo de financiación supone para las islas “252 euros menos que la media que recibe cualquier español” y, en concreto, “858 euros menos que lo que recibe cada ciudadano de Cantabria” ya que según sus datos es la región que “más percibe per cápita del Estado”.
El Fondo de Garantía
Pese a ser muy crítico con el modelo aprobado en 2009, el informe del ejecutivo regional balear reconoce que el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales actuó “como un verdadero mecanismo de nivelación que distribuye los recursos en proporción a las necesidades de gasto en los servicios públicos fundamentales e inversamente proporcionales a las capacidades tributarias de las comunidades autónomas”. Considera por ello que se trata de un fondo “tendente a garantizar el principio de equidad horizontal”.
Eso no significa, sin embargo, que presente algunas “limitaciones” que los técnicos de Hacienda creen que deben ser consideradas. Así, y partiendo de la base de que la mayor parte de las variables de necesidades de gasto utilizadas para cuantificar la participación en el fondo “podrían ser aceptables”, el informe añade que “no es menos cierto que algunas de las variables y ponderaciones deberían basarse en análisis más profundos referidos a los diferenciales de costes de prestación de los servicios públicos fundamentales en las diversas comunidades autónomas que permitiesen a su vez identificar algunos diferenciales de coste que no son recogidos en las variables utilizadas actualmente”.
En segundo lugar, el documento señala también que la utilización de una única categoría de gasto no facilita la identificación de las variables y ponderaciones que deberían utilizarse, por ejemplo, en la competencia de sanidad y por tanto, convendría una mayor desagregación.
La defensa de la insularidad como criterio revisable es otra de las demandas del gobierno regional de Baleares. Su ponderación y distribución entre las dos comunidades insulares no se encuentra “técnicamente justificada”, a su juicio en base a estudios de diferenciales de costes. De hecho, añade, los criterios utilizados para cuantificar la población ajustada no son los mismos que se acaban utilizando con posterioridad para repartir el Fondo de Competitividad, lo cual no deja de ser “sorprendente” para los autores del informe, que también apuntan a la existencia de “diferenciales en los costes de prestación de los servicios públicos fundamentales” que actualmente no se tienen en cuenta.
Por otro, el informe considera que algunas de las variables pueden implicar duplicidades. En este sentido, dice que podría considerarse que la variable población mayor de 65 años y la mayor utilización de los servicios sanitarios que se asocian a la misma ya se encontraría incluida en la variable población protegida equivalente.
