El cambio aprobado en la ley contra la morosidad es un balón de oxígeno ante el ‘decretazo’ de Sanidad
| 2010-03-31T12:23:00+02:00 h |

carlos b. rodríguez

Madrid

Los 1.500 millones que ahorrará el ‘decretazo’ de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, no serán las únicas medidas que afectarán económicamente a la sanidad. Pese a que la consejera canaria Mercedes Roldós reiteró en el Interterritorial del 18 de marzo el ruego de que este ámbito quedara exento de recortes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tenía que acordar el definitivo Plan de Austeridad que reduzca el déficit pública al 3 por ciento del PIB en 2013, la situación no será finalmente esa.

Las medidas que se van a adoptar aún no están claras. A la reunión del 22 de marzo, sólo nueve comunidades se presentaron con los deberes hechos. Sus planes de reequilibrio fiscal suponen ya un recorte del gasto de 2.000 millones de euros. Una vez se apruebe el plan definitivo, la ministra de Economía, Elena Salgado, espera contar con una reducción de 3.000 millones de euros.

Sobre la mesa están ya la aplicación de una política de contención de gastos de personal, de restricción del empleo público y de racionalización de los recursos humanos, así como de estructuras administrativas. Pero no serán los únicos campos. Salgado confirmó que entre las materias que se estudiarán para contener el gasto figuran también la sanidad y la dependencia. Y aunque Economía dice que no afectará a la prestación del servicio, lo cierto es que no será hasta junio cuando se conozcan las nuevas propuestas, una vez finalice su faena un grupo de trabajo creado a tal efecto.

Salgado y los fármacos

También es cierto que, durante la reunión, Salgado hizo una mención expresa al grupo de análisis del gasto sanitario que desarrolló un trabajo similar tras la segunda Conferencia de Presidentes (monográfica sobre financiación de la sanidad). “Evidentemente sus conclusiones van a tenerse en cuenta en este nuevo grupo”, confirmó la ministra.

Entre las pocas medidas claras, Economía volvió a negar el copago, aunque sí habló del gasto farmacéutico. “Si conseguimos que los medicamentos sean más baratos, y eso se puede hacer, tendremos las mismas prestaciones sociales y seremos más eficientes”, dijo en una entrevista en Antena 3.

No fue la única referencia a un ámbito que la ex ministra de Sanidad conoce muy bien. En su opinión, los españoles “deben ser conscientes de que los medicamentos cuestan dinero” y de que el 30 por ciento de los ingresos hospitalarios se deben a reacciones adversas a fármacos que se toman de “forma inadecuada”.

La propuesta aprobada, con la abstención del PP, en el Consejo de los consejeros de Economía contempla, además de la mejora de la eficiencia del gasto, mantener los niveles de deuda y aumentar el nivel de información que proporcionan a la Administración central, la reducción de los plazos de pago a los proveedores, una cuestión que la semana pasada obtuvo un espaldarazo en la última Comisión de Industria del Congreso, que aprobó la modificación de la Ley de morosidad.

Treinta días

El cambio pretende introducir dosis de agilidad y dinamismo en una situación que actualmente pone en peligro la viabilidad de muchas compañías, especialmente pequeñas y medianas. Así, a partir del 1 de enero de 2013 los plazos de pago del sector público, actualmente de 60 días, se reducirán a la mitad. Entre empresas, el margen de tiempo establecido es de 60 días para facturas de menos de 100 millones de euros. Sólo se podrían pactar plazos de pago para cantidades superiores a esa cifra.

La aplicación de esta modificación legal podría suponer un efecto compensatorio para algunos sectores, como Fenin, muy afectados por el ‘decretazo’ de Jiménez. La propia patronal se siente satisfecha con el cambio, aunque lo ve “absolutamente irreal”, ya que aunque la ley actual obliga a pagar a los 60 días, el sector de la tecnología sanitaria tiene unos plazos medios de 270. La variabilidad indica, a su juicio, que hace falta algo más que dinero. “Es un problema de gestión y de voluntad política. La Administración tiene que exigir el cumplimiento de la ley”, señala la secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel.