Jefe de servicios médicos A3Media viernes, 04 de julio de 2014 h
Ya sé que el acuerdo firmado por Ana Mato y la presidenta del CGCOF, Carmen Peña, es esencial. Pero quiero trabajar el RDL 5/2000 en tres entregas. La primera para abordar el contexto actual; la segunda para tratar el momento de su publicación; y, la tercera, las derivadas en el ámbito futuro posible. La farmacia española acumula en dos décadas 24 medidas legislativas diseñadas para la contención del gasto público en medicamentos. En el contexto actual de crisis económica, interrupción del flujo en los circuitos de crédito y asfixia presupuestaria de los gobiernos central y autonómico, muchas farmacias se han quedado sin margen de maniobra. Se dice que los ciudadanos y las empresas españolas han pedido un 30 por ciento de su capacidad de gasto. En esa horquilla se mueven, los efectos negativos de la crisis sobre las farmacias: bajada de 30 por ciento en la facturación media y un 30 por ciento de las oficinas de farmacia en situación de viabilidad económica comprometida.
El RDL 5/2000 incluye una apuesta progresiva por los genéricos, más apertura a la publicidad de OTC, la aplicación de deducciones por tramos a la facturación SNS de las farmacias y la profundización en el modelo de los precios de referencia como herramienta de negociación directa con la industria e, indirectamente, con el resto de agentes de la cadena de valor del medicamento. El RDL vuelve a las prioridades de la agenda institucional farmacéutica actual tras la sentencia del TC 83/2014 de 29 de mayo de 2014, que confirma la legalidad constitucional de esa norma, a resultas de un proceso incoado en 2000 contra el RDL por una titular de farmacia canaria, entendiendo que las deducciones eran en realidad un impuesto nuevo a la actividad de las farmacias. En resumen, la abogacía del Estado y la fiscalía entienden, y así lo asume el TC, que las medidas del RDL no son ninguna nueva medida tributaria y que esa norma es legal.
Ante esta sentencia, en las instituciones profesionales farmacéuticas (colegios) y otras sensibilidades del mismo ámbito (organizaciones empresariales, distribución) se está generando de manera proactiva un estado de opinión tendente a la petición formal de derogación del RDL al Gobierno. Con un cambio de matiz interesante respecto al discurso tradicional: el RDL 5/2000 ya no gusta solo porque ataque al margen de beneficios de la farmacia; es que se ha quedado obsoleto, porque los duros ajustes estructurales de los últimos años lo hacen inviable porque ha perdido su capacidad extractiva y, por eso, mejor derogarlo y seguir aceptando todo lo que tenga que venir en relación al cumplimiento de los objetivos de déficit público impuestos a España. Esta última valoración no es unánime en la comunidad farmacéutica: entre algunos profesionales de referencia vinculados a juntas directivas de colegios empiezan a cuajar mensajes de rebelión en contra del cumplimiento draconiano del déficit, alineándose con planteamientos keynesianos-socialdemócratas. Seguro.
El RDL 5/200 vuelve a las prioridades de la agenda institucional farmacéutica actual tras el fallo del TC
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