carlos b. rodríguez
Madrid
La Subcomisión de Estudio del Pacto por la Sanidad creada en el Congreso de los Diputados celebró su primera reunión para definir su marco de actuación. De momento no hay conclusiones, ni sobre los temas a tratar, ni sobre cómo compaginará su labor con la de los grupos de trabajo para enriquecer el trabajo de éstos, ni sobre el número de comparecencias que celebrará, asuntos que podrían despejarse esta semana en la segunda reunión de este grupo. Eso sí, la Comisión de Sanidad ha decidido allanar su camino asentándolo sobre la misma base que semanas atrás explicó ante la Cámara el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos: el copago debe quedar excluido.
Ni el euro por consulta de Francia, ni el tique moderador de Alemania, ni el de Chequia, ni la factura sombra de Bélgica. La Comisión de Sanidad de la Cámara Baja fue unánime ante la necesidad de despejar del debate cualquier modalidad de coparticipación del usuario, y no sólo como antesala del Pacto por la Sanidad, sino como “medicina preventiva”, según palabras de la portavoz socialista, Pilar Grande, ante un futuro más a largo plazo.
De esta manera, a la propuesta inicial, presentada por Izquierda Unida, se añadió una enmienda transaccional propuesta por el PSOE, que incluye una alusión al futuro sistema de financiación como garante de un “margen suficiente de sostenibilidad” para el SNS. “Es importante que sea la mejora en las políticas de salud pública, en la gestión sanitaria y en ese futuro sistema de financiación que estamos debatiendo en este momento con las comunidades autónomas lo que permita mantener la sostenibilidad del sistema sanitario para evitar la tentación de introducir nuevas fórmulas de copago”, resaltó Grande.
Razones frente al copago
En torno a este último punto, sin embargo, las posturas no son unánimes. “Nunca podemos decir de esta agua no beberé (…). Quizás en el futuro habrá que estudiar fórmulas de financiación de la sanidad, porque es un debate abierto, lícito, democrático y seguramente sano”, apuntó Joseba Agirretxea, portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados. En todo caso, la postura de este grupo no difiere en lo básico de la del resto de la Cámara y redunda en la idea de que en la situación actual, y con los recursos disponibles, el copago no es un debate a tener en cuenta.
“No queremos sustituir pagando lo que se gestiona mal”, es la explicación del PNV al rechazo a toda fórmula de copago. Pero ésta es sólo una de las explicaciones que manifestó el conjunto de portavoces. “Afecta a la universalidad, al acceso al sistema, es inequitativo y tampoco es más eficaz ni disuade de la utilización de los servicios públicos”, explicó Gaspar Llamazares, portavoz de Sanidad de ER-IU-ICV, durante la presentación de la iniciativa. El PSOE aportó una razón más: la de que el coste de la administración necesaria para poder ejecutar el copago contrarrestaría los posibles aumentos en los ingresos públicos. “Costaría más la gasolina que el coche”, apostilló su portavoz.
La proposición finalmente aprobada por la Comisión de Sanidad excluyó un punto más de la propuesta inicial: la que instaba al Gobierno a adoptar las medidas correspondientes en el marco de sus competencias. La redacción era del agrado del PP, que enmarca los debates esporádicos sobre el copago en el marco de las necesidades financieras de las comunidades, un problema “responsabilidad del Gobierno”, según afirmó la diputada popular María del Pilar Fernández. En este sentido, pidió que el PSOE deje clara su postura sobre el copago, pues ve contradicciones entre lo que sostiene el ministerio y la postura de los consejeros socialistas de Sanidad de Asturias y Cataluña.