Desea evitar que se fomente la central de compras de la CAM vía concurso público
Tratarán de firmar un convenio que también evitaría “posibles prácticas ilegales”
REDACCIÓN
Madrid
El suministro y los servicios farmacéuticos que se dan a residencias públicas son una de las banderas que ha mantenido en los últimos tiempos el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Ahora, tras la reciente resolución de la Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, que archivó la incoación de un expediente al colegio y a la Consejería de Familia y Servicios Sociales como consecuencia del convenio de colaboración sobre este asunto, la institución colegial que preside Alberto García Romero quiere evitar que este mercado escape del control de las oficinas de farmacia.
En este sentido, el presidente de los farmacéuticos madrileños informó a los colegiados de que se habían iniciado conversaciones con la consejería “para intentar llegar a un acuerdo de convenio que posibilite una dispensación y unos servicios adicionales ordenados, evitando así posibles prácticas ilegales”. En el mismo sentido, uno de los objetivos de este futuro acuerdo sería, además de prestar este servicio profesional desde las boticas madrileñas, “evitar en la medida de lo posible fomentar la Central de Compras de la Comunidad de Madrid vía concurso público”.
Según se precisó desde el colegio madrileño, las conversaciones con los responsables políticos de la Comunidad de Madrid para tratar de llegar a un acuerdo se encaminan a “posibilitar un acuerdo de nueva concepción de servicio en la relación entre las residencias y las oficinas de farmacia en un marco geográfico estable”. Es decir, establecer las condiciones en las que se prestará este servicio.
Un acuerdo que quieren que “permita la mayor accesibilidad a la residencia pública por proximidad y disponibilidad del farmacéutico, desde la voluntariedad de colaboración, con compromiso firme de cumplir con los requisitos y fines que determine ese futuro convenio”.
Dos años
Sobre este aspecto, desde la institución que preside García Romero se mostró satisfacción por la decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia madrileño después de dos años de disputas. Sobre todo “en un momento no muy favorable”. Algo de lo que se debatirá el próximo 30 de marzo en la asamblea general ordinaria de esta institución.
