En estos momentos, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos no tiene la intención de recurrir la Orden de Precios de Referencia, aunque el Pleno del Consejo volverá a reconsiderar el caso para estudiar los pros y los contras que implicaría abrir un procedimiento judicial. Esta decisión del Consejo, la de volver a estudiar la posibilidad de recurrir la bajada de precios menores, fue adoptada por la asamblea celebrada la pasada semana. En ella, representantes colegiales de varias regiones, especialmente las más afectadas por la bajada de estos precios menores, solicitaron que se volviese a poner el tema encima de la mesa. La decisión del Consejo de no recurrir la orden, al menos en este momento, respondería a la intención de sus dirigentes de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, acuerdo que surgiría de la Comisión creada por la Dirección General de Farmacia para estudiar el tema, para que durante este año se retrasase la entrada en vigor de los precios menores hasta el 1 de marzo y se estableciese un periodo de convivencia de dos meses, con lo que su aplicación efectiva se produciría el 1 de mayo. Asimismo, el Consejo desea que se realicen unas reformas estructurales para que, a partir del próximo año, todos los problemas derivados de la Orden de Precios de Referencia “no se vuelvan a producir en el futuro”. En este sentido, un recurso planteado en estos momentos podría entorpecer las conversaciones que están teniendo lugar para afrontar un problema que, según fuentes del propio Consejo, “nos afecta a todos, aunque es cierto que existen casos sangrantes”.

J. N.

Madrid

La Asamblea del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, celebrada el pasado 17 de febrero, acordó dar luz verde al recurso que el máximo órgano de gobierno de los farmacéuticos interpondrá, antes del 15 de marzo, contra el Real Decreto de Mutualidades. Asimismo, durante esta asamblea se trasladó tanto a colegios como a colegiados la posibilidad de recurrir de manera individual, pero coordinada con el Consejo, este texto legal.

Para ello, a pesar que estos recursos individuales sólo podrán ser interpuestos una vez que entre en vigor el Real Decreto de Mutualidades, en el mes de septiembre, y siempre que se sientan damnificados, desde el Consejo se considera que es mejor “prever las cosas y empezar a trabajar sobre estos recursos, aunque siempre habrá quien prefiera esperar hasta que les afecte directamente”.

Por ese motivo, como ya informó EG, el Consejo ha puesto a disposición de los colegiados, a través de sus colegios provinciales, los servicios del gabinete jurídico Luisa Fernanda 3 Estudio Jurídico S.L., que se encargaría de la elaboración de estos recursos individuales por un coste de 116 euros.

En este sentido, el presidente del CGCOF, Pedro Capilla, manifestó que además del recurso que interpondrá este organismo, el Consejo ha querido coordinar las reclamaciones individuales de todos los colegiados que lo soliciten. Por ese motivo, resaltó que la intención de facilitar la tramitación de todos los recursos a través de este gabinete jurídico se hace “sin perjuicio de que haya colegios que lo quieran hacer por su cuenta y que haya colegiados que esperen a la entrada en vigor del Real Decreto de Mutualidades”.

Desproporción

Por otro lado, el presidente del CGCOF manifestó que durante la asamblea se expresó unánimemente la “desproporción y enorme brutalidad” que suponía la aprobación de este RD. A este respecto, Capilla mostró su malestar por lo que considera una “falta de equidad” a la hora de establecer las deducciones para la Seguridad Social, “que somos todos los españoles”, y para las mutualidades Muface, Isfas y Mugeju, “en las que están dos millones y medio de funcionarios públicos”.

Sobre este punto, el máximo dirigente de los farmacéuticos españoles se quejó de que era “ilógico” que para llegar a la escala máxima de deducción del 15 por ciento la facturación de recetas de la Seguridad Social sea de 295.242 euros mensuales mientras las de las mutualidades sean de 8.637 euros al mes.

“No es lógico que a esa escala máxima prevista por el Real Decreto de Mutualidades se llegue tan pronto”, manifestó. Así, cabe destacar que, con estos criterios, en España sólo 11 farmacias llegan a la escala máxima de deducciones del 15 por ciento en lo que respecta a las recetas de la Seguridad Social, mientras que en recetas de las mutualidades serían 671 farmacias las que entrarían dentro de este tramo máximo.

Por este motivo, el presidente del Consejo consideró que tiene confianza en que el Gobierno “eche para atrás un real decreto” que pone en riesgo la viabilidad económica de muchas oficinas de farmacia, especialmente las situadas en determinadas regiones donde la presencia de funcionarios públicos es mayor.