Pablo Martínez, periodista e historiador
Las rebeliones gallegas han sido una constante desconocida, salvo para eruditos, de la historia de España. Desde finales del siglo XI, las vicisitudes de la reina Urraca, hija de Alfonso VI de Castilla y madre de Alfonso VII Emperador, fueron el comienzo de sucesivos movimientos en los que se puso en juego la identidad de los gallegos tratando una y otra vez de superar las imposiciones de mimetización con Castilla. Los Reyes Católicos se emplearon muy a fondo para someter a los díscolos gallegos comandados por Pardo de Cela, recurriendo para ello a la Inquisición que tardó 90 años en poder implantarse. Sufrió la costa gallega los ataques navales de ingleses, holandeses y berberiscos sin compensación alguna por parte de los monarcas, y tuvieron los gallegos que comprar su derecho a votar en las Cortes pagando 150.000 ducados en 1622. En el siglo XVIII se sucedieron los levantamientos de campesinos, y en el XIX se asistió al pronunciamiento liberal del mariscal Díaz Porlier ajusticiado en La Coruña en 1815. Fracasaron varios pronunciamientos más y a partir de 1868 surgió un federalismo gallego, que fue interrumpido durante el paréntesis de otro rebelde gallego de signo contrario: Francisco Franco.
La penúltima rebelión gallega ha sido el catálogo priorizado de medicamentos, una lista de 34 principios activos del que se deberá siempre prescribir el más barato de los equivalentes, que entró en vigor el pasado 3 de enero. Todos los agentes del medicamento se han apresurado a combatir dicho catálogo hasta que el Ministerio de Sanidad ha anunciado que lo recurrirá en vía contenciosa administrativa y en el Tribunal Constitucional por invasión de competencias estatales. Conozco al presidente de la Xunta Galicia, Alberto Núñez Feijóo, desde la época en la que presidió el Insalud y no lo tengo por un aventurero. Es gallego y cuando nosotros vamos, él vuelve. No me extrañaría nada en absoluto que su catálogo haya sido una maniobra calculada. Un revulsivo que será anulado pero que trata de obligar a contar con la voz de las comunidades autónomas en las políticas de precios de medicamentos. La jugada parece maestra.
