Pablo Martínez
Periodista e historiador
Pilar Farjas, la nueva consejera gallega de Salud, ha heredado un problema complicado con la resolución del concurso de 87 nuevas farmacias que resolvió su antecesora, María José Rubio, el 28 de febrero de 2009, último día antes de las elecciones autonómicas. Los adjudicatarios disponen de tres meses desde la publicación en el Diario Oficial para designar el local en el que proyectan instalar la farmacia. La compra o alquiler del mismo, su acondicionamiento, la adquisición de medicamentos y otras existencias comportará un esfuerzo, una inversión en un año de créditos difíciles, pero sobre ellos en lugar de la satisfacción de poner en marcha un proyecto pende una espada de Damocles.
Este concurso, iniciado en diciembre de 2006 en un principio para 92 farmacias, al que se presentaron 1.218 solicitudes, ha salido a trompicones, superando 269 reclamaciones a los listados provisionales y 68 recursos de alzada a los listados definitivos. Pero eso no es todo. Según el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, José María Fernández Pastrana, el concurso se hizo mal desde el principio y ahora la resolución administrativa de la consejera Rubio ha sido recurrida ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Tribunal Superior de Galicia por titulares de farmacias instaladas que se sienten perjudicados.
Su principal baza, que según Fernández Pastrana les llevará a ganar los recursos, es que no se hayan tenido en cuenta las modificaciones del mapa sanitario de Galicia y de las zonas farmacéuticas, algo que hace nula la zonificación utilizada para adjudicar las nuevas farmacias. Si el tribunal suspende el concurso, los adjudicatarios sufrirán una gran decepción pero no perderán mucho dinero. Si el proceso se prolonga varios años, unos y otros sufrirán mermas. En el caso de una resolución definitiva que anule el concurso, los nuevos tendrán que cerrar. Ya hay un precedente: tras siete años abierta, una farmacia de Poio (Pontevedra), fue clausurada por el Tribunal Supremo al no haber cumplido su apertura todos los requisitos que marca la ley.
