Marta Ciércoles es periodista del diario ‘Avui’
En medio del revuelo causado por las medidas de ajuste presentadas hace sólo unos días por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que confío que serán comentadas y analizadas por otros compañeros de páginas, me gustaría recuperar una cuestión de la que ya se viene hablando hace unos meses, tanto en foros especializados como en canales más divulgativos, no siempre con el rigor necesario. Se trata de la posibilidad de que Sintrom, el fármaco anticoagulante que toman casi 700.000 personas en España, sea sustituido por un nuevo medicamento que, según algunos estudios y expertos, presentaría ciertas ventajas de seguridad y eficacia sobre el tratamiento tradicional. Hasta aquí, cualquier ciudadano y, especialmente los pacientes afectados, podrían pensar que adelante, que cualquier paso que signifique mejorar la calidad de vida de los enfermos crónicos bienvenido sea.
El problema es que a pesar de que no todos los especialistas tienen tan claras las ventajas del nuevo fármaco, conocido como dabigatrán, y de que los estudios farmacoeconómicos necesarios para dar luz verde a su incorporación al catálogo de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud aún no se han llevado a cabo, ya hay quien da por hecha la sustitución del actual tratamiento. La noticia ha sido divulgada, sin matices, en notas de prensa y en algún que otro medio de comunicación. Una información que choca de pleno con la que proporcionan algunos de los especialistas que diariamente atienden las consultas de los pacientes que siguen tratamiento anticoagulante, para quienes es fundamental recibir informaciones rigurosas y fidedignas. No sólo porque hablamos de algo que afecta a miles de personas, sino, sobre todo, porque el tratamiento en cuestión combate un riesgo tan vital para estos enfermos como es el de sufrir una embolia y porque los controles que requiere condicionan totalmente su vida diaria.
Sin duda, detrás de todo este asunto, los laboratorios fabricantes de uno y otro fármaco se juegan mucho. El pastel es apetitoso, pero, al margen de intereses económicos, es prioritario evitar la difusión de mensajes sesgados que pueden confundir a enfermos que, como es natural, aspiran a una mejor calidad de vida. Dabigatrán ya ha recibido la aprobación de la agencia europea para ser utilizado en ciertos grupos de pacientes con riesgo de trombosis —pacientes con prótesis de cadera y rodilla—. Ojalá, en un futuro próximo, demuestre su mayor eficacia en otros grupos de enfermos si eso supone mejorar la calidad de vida de miles de personas. Eso sí, dado que el tratamiento actual está más que contrastado y que sus beneficios e inconvenientes son de sobra conocidos, es necesario evaluar otras variables, como el coste que implicaría la financiación pública del nuevo fármaco, así como otros posibles riesgos sanitarios aún desconocidos, antes de lanzar las campanas al vuelo.
