No cabe duda de que el Ministerio de Sanidad ha actuado ágilmente para atajar el problema que acecha a las farmacias en relación a la aplicación de los precios menores. Tras la publicación en exclusiva por EG la semana pasada de la paradójica existencia de 242 conjuntos en los que los precios menores eran superiores a los fijados como precios de referencia, Sanidad ha convocado al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) para analizar los problemas de implantación de la orden, específicamente los de los precios menores.
La comisión, aunque debería haber sido creada y convocada con tiempo suficiente para adaptar la Orden de Precios de Referencia y así evitar el problema que se ha generado a las farmacias, llega en un momento en el que la situación puede favorecer la lógica petición de todo el sector: implantar, a través de la orden y de modo obligatorio en todo el territorio nacional, un periodo de convivencia de precios para la aplicación de los precios menores.
En esta ocasión se ha demostrado que la inexistencia de periodo de convivencia ha creado alarma generalizada en la farmacia ante la inseguridad jurídica que se plantea y el desconocimiento de los precios que se aplicarán en cada caso, en cada momento y en cada autonomía. El año pasado Andalucía, que no estableció periodo de convivencia para los precios menores, ahorró a su sistema sanitario siete millones de euros, cantidad que supone el 0,35 por ciento de su gasto a través de receta. En el caso de Castilla-La Mancha la reclamación, realizada a posteriori, fue de 400.000 euros, cantidad que no llega al 0,07 por ciento de su gasto en medicamentos.
No hay, como se puede observar, una urgencia económica en adelantar la entrada en vigor de los precios menores y menos, como se argumenta desde el sector, en una situación como la actual en la que el gasto “está controlado”.
Pero el asunto de los precios menores no es el único que la comisión debe abordar: una mayor coordinación regional y una mayor información son imprescindibles.
