| viernes, 11 de mayo de 2012 h |

Todo el sector está pendiente de lo que ocurra finalmente con el Real Decreto-ley 16/2012. Mientras que la oposición política reclama la tramitación como proyecto de ley del último decretazo, el sector se conforma con una corrección de errores que no llega y que desde Sanidad apuntan a que, de momento, solo se encuentra en la rumorología del sector. De este modo, aunque desde diferentes ámbitos del sector se puede estar de acuerdo con mucho de lo establecido en el RDL 16/2012, lo que parece claro es que nadie está totalmente conforme con su contenido.

En el ámbito político, la pasada semana los grupos de la oposición escenificaron un plante ante la ministra de Sanidad, Ana Mato, y su propuesta de Pacto por la Sanidad. Si no se tramitaba el real decreto-ley como proyecto ley, no habría pacto. Por su lado, en las últimas semanas, tanto de forma pública como a través de contactos discretos, el sector ha venido reclamando a Sanidad unos cambios en el real decreto-ley que no solo son necesarios para garantizar su viabilidad sino que en algunos casos se trata de correcciones de errores e inconcreciones de bulto que podrían dificultar la aplicación de la norma. Tanto es así que, desde algunas comunidades autónomas, incluso del PP, confirman que no aplicarán el decreto en su totalidad si queda como está.

Parece claro que el Gobierno no tiene ningún interés en llevar el debate sobre el copago o el aseguramiento a diversos debates en Comisión así como al pleno del Congreso. Pero consideramos que algunos de los puntos que trata son de suficiente importancia como para que no puedan ser despachados con un decretazo. Además de ello, los problemas que se pueden generar por la interpretación de diversos aspectos del articulado, como el copago en los medicamentos, sin cícero, de dispensación ambulatoria en hospitales, requieren de una redacción más fina o de aclaraciones urgentes.

El plazo para decidir qué hacer acaba esta misma semana, con la convalidación en el Congreso. Sanidad tiene aún tiempo para aceptar la tramitación como proyecto de ley urgente, al igual que hizo en el caso de la reforma laboral. Y más teniendo en cuenta que el asunto sanitario es, como mínimo igual de sensible e importante que el laboral.