El listado de precios menores es un arma en manos de las comunidades autónomas con el que paliar, en la medida de lo posible, el ya de por sí contenido gasto sanitario. Sin embargo, para las oficinas de farmacias ese listado es un quebradero de cabeza que provoca situaciones comprometidas, debido a que desde el Ministerio de Sanidad se han desoído las peticiones del sector para establecer un periodo de convivencia una vez conocida la lista. Unas peticiones orientadas a gestionar de forma más eficiente el stock, algo que por otro lado entra dentro de la lógica, ya que resulta cuanto menos precipitado que de un día para otro se tenga conocimiento de la lista y se apliquen estos precios.
Sin embargo, parece que la precipitación ha sido, una vez más, el personaje invitado a esta fiesta. Así, con las uvas todavía en la boca, los farmacéuticos españoles se han encontrado de repente con un listado que se les ha atragantado más que esas propias uvas. El sector está descontento con lo que consideran una cesión por parte del Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas, sin tener en cuenta sus reiteradas peticiones.
Especialmente sangrante es el caso de la comunidad andaluza, donde el 80 por ciento de sus prescripciones se realizan por principio activo. Por eso, no es extraño el enfado con el que ha acogido esta orden de precios menores sin periodo de convivencia el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, Manuel Arenas. Un enfado que incluso ha llevado a Arenas a anunciar que recurrirá esta orden de precios menores.
Otro problema es la volatilidad de la lista. Los laboratorios tienen 15 días para comunicar sus cambios de precios a Sanidad, con lo que la inestabilidad del mercado hasta el 15 de enero es evidente. Por no hablar de esos medicamentos a precio bajo que no serán comercializados o se hará en cantidades mínimas.
Por todo ello, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué no se ha establecido un periodo de convivencia al igual que se realiza con los precios de referencia? Quizá la pregunta hay que hacérsela a las comunidades autónomas.
