La decisión del Gobierno de recortar la factura en medicamentos es negativa. Independientemente del método de reducción que se elija, quitar un 7,5 por ciento de facturación al sector, que se suma a los recortes del RDL 4/2010 es, probablemente, un daño mucho mayor del que compañías, distribuidoras y farmacias puedan soportar.
No obstante, a última hora, Farmaindustria ha logrado lo único que estaba en su mano: que no hubiera rebaja de precios y que se hiciera el ajuste vía descuentos. Para ello, se ha movilizado con embajadas, partidos políticos e, incluso, ministerios para torcer la intención inicial de Elena Salgado. Se trata de una decisión acertada, dentro del despropósito global de la medida, ya que evita muchos daños colaterales añadidos a las multinacionales y las compañías nacionales internacionalizadas. Y lo hace sin perjudicar al resto de los agentes del sector, ya que, por fortuna, a nadie se le ha ocurrido aplicar una reducción adicional al margen de las farmacias que las hubiera terminado de machacar.
Una de las cuestiones que queda por resolver es el modo en el que afecta a la farmacia. No está nada claro. Si se aplicará un descuento en factura de la industria a la distribución y de ésta a la farmacia o cuál será el procedimiento. Aspecto que podría matizar el impacto. Otras dudas se suscitan por la confusa redacción de la nota de prensa del Consejo de Ministros, que vinculaba la facturación al SNS con el descuento, por lo que la receta privada podría quedar exenta. En cualquier caso, la publicación en el BOE eliminará, esperemos, cualquier posible duda.
Pero lo importante de todo lo que ha ocurrido es que se ha vuelto a cargar la sostenibilidad, no ya del SNS, sino de todo el Estado, sobre las espaldas del sector farmacéutico. Un sector que siempre ha aportado y seguirá aportando su esfuerzo y su dinero a dichos fines, pero que ya no puede más.
Esta vez, especialmente al sumarse con el RDL 4/2010, se han pasado los límites de lo asumible y lo peor es que puede no ser el último apretón que sufra. Falta la actuación de las autonomías y sus 1.000 millones de recorte. Por ello, cambiarán muchas cosas en un futuro próximo. No se puede decretar el recorte de un 20 por ciento la facturación de un sector y pretender que todo siga igual.
