El jueves pasado, la consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, anunciaba que las subastas seguían adelante con todas las presentaciones que se ajustaran a lo establecido en el Real Decreto-ley 16/2012 sobre precio más bajo. Al día siguiente, primero de su entrada en vigor, la desinformación sobre el modo de actuar de muchos farmacéuticos e incluso las denuncias de desabastecimiento de los productos seleccionados fue tónica general.
En los días previos, las reuniones de los COF con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) habían sido habituales para explicarles el modo de funcionamiento. Según los documentos que los organismos colegiales remitieron a las farmacias, ante desabastecimiento de las presentaciones a precio más bajo, deberían dispensar el seleccionado por el SAS. La duda de todos era qué ocurría en caso de igualdad de precio. ¿Habría obligatoriedad de dispensación de los medicamentos seleccionados en las subastas? EG ha preguntado al SAS por esta cuestión, pero de manera asombrosa no ha dado más respuesta que el que nos dirijamos al Cacof para responder a esa pregunta.
No cabe duda de que el SAS y la Junta de Andalucía están andando con pies de plomo en la puesta en marcha de las subastas dado que cualquier impulso oficial podría ir en contra de la suspensión cautelar de la resolución de las subastas dictada por el Tribunal Constitucional. De este modo, los escritos oficiales sobre la puesta en marcha de las subastas en los últimos días se habrían reducido a la mínima expresión y todas las directrices serían dadas de forma verbal.
Lo que busca el SAS, y a lo que están dispuestos a plegarse muchos boticarios, es a que las subastas se desarrollen por la vía de los hechos, al menos mientras pese la suspensión cautelar sobre la resolución. Y que, de este modo, las farmacias dispensen los medicamentos subastados aunque no esté clara su obligatoriedad. Con todo, lo único claro de las primeras horas de subastas es que los más perjudicados han sido las farmacias y los pacientes que han sufrido en carne propia las consecuencias del conflicto jurídico.
