Cada vez resulta cada vez más preocupante la situación de acceso a las novedades terapéuticas. No nos referimos al acceso a un me too o a un medicamento que trae una modesta aunque siempre importante, innovación incremental. No. Lo que nos preocupa es que un gran número de pacientes no está accediendo a medicamentos que salvan vidas bien porque no tienen aprobado su precio y reembolso o bien porque las comunidades autónomas frenan el acceso a los mismos.
En los últimos meses se ha observado una clara desaceleración del número y entidad de los medicamentos aprobados por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. Según han comentado a EG diversas compañías que, por motivos obvios, prefieren mantener el anonimato, hay productos esperando precio y financiación desde al menos un año. Plazo que supera con creces los 180 días que establece la legislación vigente.
Entre estos medicamentos que no se pueden comercializar en España porque falta un procedimiento administrativo que se está alargando artificialmente, se encuentran medicamentos huérfanos para enfermedades que no tienen cura hoy en día. También hay medicamentos oncológicos indicados en tipos de cáncer que a día de hoy no tienen tratamiento aprobado. Y, aunque en estos casos se está dando una solución, solo a algunos pacientes, mediante el procedimiento de medicación extranjera o autorizando el uso fuera de indicación, no resulta lógico que estas situaciones se alarguen todo lo que lo están haciendo. Algunas compañías explican que entre los periodos de fijación de precio y luego las trabas de las comunidades autónomas, desde la aprobación de un medicamento por parte de la Aemps pueden haber pasado más de dos años. Eso no se puede admitir.
Estamos en un periodo de una gravedad económica extrema, es cierto. Pero si hay algo claro es que los pacientes que enferman hoy no tienen por qué tener menos oportunidades que los que enfermaron ayer. Y la enfermedad no espera. El SNS debería, sin falta, derivar los ahorros procedentes del copago y la desfinanciación a asegurar el acceso a las innovaciones, especialmente si de ellas dependen vidas.
