El Servicio Andaluz de Salud revisó su resolución sobre armonización de los criterios de utilización de medicamentos y puso encima de la mesa la financiación selectiva y no indiscriminada
| 2009-09-06T17:10:00+02:00 h |

La polémica resolución del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre armonización de los criterios de utilización de medicamentos que fue aprobada el año pasado y quedó en stand by por las dudas de colisión con la legislación nacional se ha reescrito y ha visto la luz hace unas semanas.

Esta nueva resolución cambia de arriba a abajo lo establecido anteriormente. En primer lugar, pone su objetivo en buscar una financiación selectiva homogénea en toda Andalucía. Por otra parte, modifica los casos en los que se podrá evaluar un determinado medicamento y deja su elección al criterio exclusivo de la dirección gerencia del SAS. Además, altera la composición de la comisión asesora.

Este nuevo texto permitirá rechazar el uso y financiación con fondos públicos en Andalucía de aquellos medicamentos que la comisión estime. Para ello, se basará en estudios de evaluación económica elaborados por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (Aetsa), realizados conforme a una metodología de trabajo “rigurosa, explícita y transparente”.

Y aquí viene uno de los principales problemas que producirá la puesta en marcha de esta resolución, ya que en España no se ha consensuado una metodología de evaluación económica, e incluso las evaluaciones realizadas por diferentes agencias regionales de evaluación ofrecen resultados dispares.

Por otro lado, destaca que la composición de la comisión perdió representatividad de personas ajenas a la estructura del SAS. Con ello, las sociedades científicas pierden peso, limitando la relevancia clínica de las decisiones, al tiempo que se deja pasar la oportunidad de dar entrada a algún representante de las compañías afectadas para dar transparencia a las decisiones. La transparencia e independencia de este tipo de decisiones es imprescindible. Por ello, se deberían desvincular las evaluaciones de cualquier organismo dependiente directamente de la junta, tal y como sucede en el NICE. No obstante, el tiempo será el árbitro que permita ver si las decisiones son basadas en la eficiencia y no sólo en el coste.