La Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial no incluyó en su orden del día la problemática sobre la entrada en vigor de los precios menores
| 2009-02-22T18:00:00+01:00 h |

No parecía probable que una vez aprobada la Orden de Precios de Referencia se pudiera dar alguna instrucción o consejo para que se unificara en todo el territorio nacional la entrada en vigor de los precios menores, contemplando como es lógico, un periodo de convivencia de precios y, sobre todo, conocimiento por parte de los agentes del sector de los precios menores a los que iban a tener que ser dispensadas las recetas prescritas por principio activo.

En cualquier caso, la carta remitida por la consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, instando al ministerio a dar una instrucción clara de la entrada en vigor de los precios menores, las solicitudes realizadas por la patronal de la farmacia FEFE o las de los propios colegios de farmacéuticos y el mismo Consejo General, así como la creación de la Comisión Mixta para examinar los problemas surgidos en torno a los precios menores y sus listados, parecían indicar que el MSC podría dictar una recomendación para trasladar a marzo la entrada en vigor de los precios menores.

No ha sido así. El escenario en el que se debería haber tratado el asunto, es decir, la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial, no lo trató, al menos como debía, ya que este apartado no fue incluido en el orden del día de la reunión. Y eso, que además de Andalucía, había otra serie de comunidades autónomas que pedían clarificar este asunto para evitar problemas que, sin duda, se presentarán en los próximos meses y que amenazan con asfixiar, aún más a la farmacia. Más que nada porque no se le ha permitido realizar, como a cualquier empresa, previsiones de ingresos y gastos en función de las ventas al desconocer los precios a los que vendía.

Hay determinados aspectos en los que el MSC debe ser extremadamente cuidadoso. Uno de ellos es la cohesión. Y la cohesión no afecta sólo a cuestiones sanitarias. El hecho, real a día de hoy, de que un mismo medicamento tenga precios diferentes en cada comunidad autónoma no beneficia a nadie. Ni al paciente ni a la farmacia ni siquiera a las CC.AA., que no ahorran casi nada con la medida.