br
El secretario de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular (PP), José Ignacio Echániz, ha hecho un llamamiento a Andalucía, Cataluña y País Vasco para que “arrimen el hombro” en este momento crucial para la sanidad española. El también consejero de Castilla-La Mancha ha pedido a estas regiones, que han confirmado su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto de medidas urgentes del gobierno por invasión de competencias, que sean conscientes de las dificultades y no hagan “la guerra por su cuenta”. No obstante, Echániz ha matizado que, por ahora, “son anuncios” y habrá que ver si finalmente se presentan.
Fuentes del PP han calificado como “una barbaridad” la decisión de estas comunidades autónomas que sólo se justifica en el terreno político. “Esta materia corresponde al estado, es una competencia básica”, aseguran, invitando a Andalucía a “resolver sus problemas” en lugar de “ir permanentemente en contra el gobierno”.
Desde el PP se insiste en que es el momento de acometer una reforma estructural de este calado, una “liposucción” que ahorre en lo superfluo y permita mantener la calidad de las prestaciones básicas. Aún así, son conscientes de que el texto “no es la panacea”, y de que habrá que incorporar los matices en los reglamentos específicos, una tarea en la que ya trabajan las comisiones ministeriales, sin plazos a la vista para presentar las normativas que los desarrollarán finalmente.
Lo que sí parece estar lejos es la posibilidad de tramitar el real decreto como proyecto de ley, tal y como han solicitado el resto de grupos políticos para poder incluir las aportaciones del debate parlamentario durante el proceso.
Las fuentes populares han asegurado, sin pronunciarse sobre posibles cambios en su desarrollo, que “está publicado en el Boletín Oficial del Estado y se convalidará en el Parlamento”. De hecho, insisten en que se trata de “uno de los textos legislativos más respaldados”, y que cuenta “con un amplio consenso detrás”, ya que reúne medidas que “recogen las valoraciones de los técnicos de las comunidades, aunque finalmente sus representantes políticos se hayan desmarcado”.
Por último, el Partido Popular también ha salido al paso de las voces críticas con los recortes en sanidad y educación mientras se ayuda económicamente al sector bancario. Las mismas fuentes matizan que, por ejemplo, las ayudas del fondo de reestructuración bancaria ordenada tienen retorno y el estado recupera tanto el importe principal como los intereses. No obstante, al cierre de esta edición se perfila la nacionalización de una entidad. Aún así recalcan que los ajustes en sanidad no reducen las aportaciones a las comunidades, y que darán un respiro a los gestores regionales y permitirán cumplir el objetivo de déficit marcado por el gobierno.
Pese a todas las lagunas en la cobertura sanitaria que se desprenden de la lectura literal del Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes, los populares se empeñan en que “garantiza la universalidad de la sanidad”, y añaden que es “un avance que no se había producido antes”, aunque quedaban resueltas con la ley de salud pública hace apenas unos meses.
Fuentes del PP han aclarado que “no se trata de quitar la prestación nada a nadie”, sino de ordenar. Y tal vez sea así en la incorporación del artículo de la directiva europea sobre sanidad transfronteriza que regulará el llamado “turismo sanitario”. Pero en el caso de la atención a inmigrantes sin documentación la exclusión es más que evidente. No obstante, desde el PP se hace hincapié en que tendrán acceso a la atención urgente, entre otros supuestos. Además, los “sin papeles” enfermos de sida o cáncer que requieran medicamentos de uso hospitalario no quedarán desamparados.
La atención se gestionará a través de los servicios sociales y las ONG, explican, a la vez que destacan el carácter solidario de la sociedad y las instituciones españolas.
En la misma semana, la ministra de Sanidad, Ana Mato, detalló en una entrevista que la atención a estos colectivos quedará “cubierta” por convenios entre comunidades y organizaciones de apoyo a esta población y que se trabaja en el desarrollo reglamentario para ofrecerles esta atención primaria.
Por su parte, las ONG rechazan la posibilidad de crear una “red de beneficencia” paralela. La idea chirría especialmente en un momento en el que los recortes en los presupuestos han dejado en la mitad los recursos para el Plan Nacional sobre Sida. Sin ir más lejos, representantes de 300 organizaciones escenificaron hace unos días su “entierro virtual”. Ni sus recursos económicos ni sus infraestructuras permiten actualmente sustituir la atención hospitalaria que requieren.
