Hoy más que nunca todo diálogo es necesario. Esta idea ha permitido que, a pesar de los recortes sanitarios del Gobierno y de las comunidades, o quizá precisamente porque esos recortes se han llevado a cabo con poco o nulo diálogo, la mayoría de la oposición parlamentaria haya sido consciente de la necesidad de participar en un foro para debatir lo que hasta ahora no ha sido objeto de debate. La Subcomisión de Estudio del Pacto ya es un hecho, pero su futuro sigue dependiendo del Gobierno y del Grupo Popular. Nace con la oposición de la Izquierda Plural a un pacto que califica de “cínico”, la “abstención vigilante” del PSOE, y la condición de CiU, su grupo impulsor, de mantenerla solo si hay consenso. “Si el acuerdo no se diera por el grupo mayoritario, hablaríamos de abandonarla”, señaló su portavoz de Sanidad, Concepció Tarruella.
Este acuerdo debería mostrarse de forma palpable en el gran cometido que le espera al Congreso en la reforma sanitaria: la aprobación de la Ley de Servicios Sociales Básicos no debe pasar por el rodillo de la mayoría popular. Pero algunos grupos esperan ir más allá. Después de los cambios introducidos por el Gobierno, primero en la corrección de errores del RDL 16/2012, y ahora en sus desarrollos (el primero, el proyecto que regula los requisitos del asegurado del SNS), el Grupo Socialista mantiene su escepticismo sobre el resultado final de la subcomisión, pero no cierra la puerta a que se puedan modificar algunos aspectos de la reforma.
‘Entente cordiale’
Este foro nace además con el objetivo de pasar página tras la mayor oleada de recortes que ha vivido el Sistema Nacional de Salud, y que ha puesto a prueba de fuego, a todos los niveles, el diálogo dentro del sector. Por eso, de la misma manera que CiU ha tendido su mano al Grupo Popular a pesar de mantener sus discrepancias sobre cómo se ha tramitado la reforma sanitaria; UPyD ha tendido la mano al grupo catalán, no solo para hablar de una competencia que esta formación considera que debería volver al Estado, sino también para que el partido que gobierna en Cataluña de explicaciones en el Congreso de su forma de hacer Sanidad.
Desde este punto de vista, la decisión del Congreso está directamente relacionada con la escalada de tensión entre administraciones generada por el RDL 16/2012, y que tras un punto álgido ha pasado a una especie de entente cordiale a la espera de lo que decidan las diversas comisiones bilaterales que a estas alturas ya están moviéndose en las comunidades que anunciaron recursos contra los decretos en sanidad.
Esto ya había ocurrido en el País Vasco y Andalucía. Antes de acudir al Tribunal Constitucional, ambos ejecutivos regionales decidieron dar una última oportunidad a la negociación y enviaron sendos requerimientos al Estado para convocar comisiones bilaterales que permitan alcanzar una solución pacífica e impidan llegar a palabras mayores.
Pero en Cataluña, el asunto tomó la semana pasada un cariz recíproco: la convocatoria de la comisión bilateral no solo ha conllevado la paralización del recurso anunciado por el presidente regional, Artur Mas, a los decretos en Sanidad y Educación, sino también la respuesta del Gobierno a estos contenciosos: el recurso estatal al euro por receta.
No importó que saliera adelante con la abstención del Grupo Popular en Cataluña en el último pleno del Parlamento del año pasado. El Ministerio de Hacienda dio comienzo el 28 de mayo al engranaje legal para recurrir el euro por receta catalán por motivos competenciales, a través de un requerimiento que emplazaba a Cataluña a convocar la comisión bilateral de cooperación antes del 14 de junio. Finalmente, Gobierno y Generalitat negocian la celebración de una comisión bilateral antes de agosto, según informa Europa Press.
En todo caso, el órdago del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy no afecta a los planes de Cataluña, cuyo portavoz, Francesc Homs, aseguró la semana pasada que el euro por receta se continuará aplicando desde el 23 de junio. Homs diferenció además el copago farmacéutico del euro catalán. No se trata de una doble imposición, según el gobierno regional, ya que la iniciativa es una “tasa” que contempla diversas exenciones y un tope de 62 euros al año.
Cataluña jugará también otra baza para hacer valer ante las autoridades europeas el euro por receta como un factor clave sine qua non para conseguir el objetivo del déficit: está incluido en el Plan Económico y Financiero de la Generalitat que recibió el visto bueno de Economía, y también contabiliza en los presupuestos aprobados para este año.
