Carlos b. rodríguez
Madrid
Dejó el aparato del Partido Popular tras el último Congreso Nacional para convertirse en diputado. Asumió la portavocía de la Comisión de Ciencia e Innovación. EG ha hablado con él sobre todos los asuntos que conciernen a la I+D biomédica.
Pregunta. ¿Qué opina de los compromisos adquiridos por el Gobierno en materia de I+D?
Respuesta. Los acontecimientos han demostrado lo que era una primera impresión, y es que la creación del Ministerio de Ciencia e Innovación ha sido improvisada. Muchas decisiones no tenían una reflexión suficiente ni un planteamiento claro a medio plazo. Entre otros aspectos, eso se ha visto, por ejemplo, en la decisión de adscribir el Carlos III, sin tener en cuenta otras responsabilidades que tiene el centro con el SNS. Se ha intentado arreglar a través de una comisión mixta que no acaba de arrancar. Está todo en el aire: los problemas siguen latentes, los deslindes de competencias no están resueltos y los problemas simplemente se acumulan.
P. ¿Cómo valora el proyecto de PGE para Ciencia en 2009?
R. Supone, sin ningún matiz, un frenazo a la evolución del gasto en I+D. Ciencia ha servido para ajustar las cuentas públicas, y eso es una muy mala noticia que pone de manifiesto que el PSOE ha creído que el gasto en I+D es superfluo, útil cuando sobran recursos pero innecesario cuando escasean. En ese sentido, muchos de los objetivos planteados ya son inalcanzables con estos presupuestos.
P. ¿Cómo cuáles?
R. El objetivo más reiterado por los altos cargos del ministerio de alcanzar el 2 por ciento del PIB en 2010 es absolutamente inalcanzable, e implícitamente está reconocido en las comparecencias presupuestarias. Ahora se dice que son compromisos para la legislatura y se está demorando su cumplimiento. Pero si los de 2009 son la tónica de presupuestos posteriores, es evidente que todo el esfuerzo realizado en inversión pública va a quedar frustrado.
P. En I+D siempre se habla de no perder el tren. ¿Está haciendo España los deberes para ello?
R. Se estaban haciendo razonablemente bien y con un grado de continuidad suficiente por unos y otros gobiernos, pero eso ahora está frustrado. Aunque el PSOE ha mantenido el esfuerzo inversor, en soporte administrativo para la gestión del sistema ha trabado muy mal. Fue un error suprimir el Ministerio de Ciencia en 2004.
P. ¿Fomentará el traslado del Carlos III la I+D biomédica?
R. Este traslado ha supuesto unas dudas jurídicas sobre su viabilidad aún no despejadas. Hay normas en vigor que encardinan claramente el Carlos III dentro del SNS, y hay dudas legales dentro del propio Gobierno y los ministerios afectados sobre si el paso que se ha dado tiene respaldo legal. Esto ya es grave. Además, el presupuesto del Carlos III está congelado en términos reales para 2009, y no es peor porque se ha hecho un uso muy intensivo del ahorro acumulado en el instituto durante los últimos años. Este año ha hecho de colchón y permitirá mantener los niveles de gasto, pero eso es puramente coyuntural. No valdrá para ejercicios posteriores. Por tanto, si lo que se pretendía era reforzar la capacidad investigadora del instituto, a la primera ocasión que ha habido, que son los presupuestos, se ha hecho lo contrario. El Carlos III tiene mucho trabajo por delante. También es cierto que hay que dar un margen a su nuevo director. Pero de mayo aquí todos los pasos parecen ir en contra del instituto. No parece haber ganado nada con el cambio de ministerio y, sin embargo, algunos inconvenientes parecen bastante claros.
P. ¿Cuáles son, a su juicio, los problemas de la I+D biomédica?
R. En España hay en general un problema muy grave de transferencia. Para los investigadores españoles no hay incentivos suficientes a la hora de transformar el conocimiento en patentes: en la universidad y en los centros públicos de investigación la recompensa está más orientada a la publicación. Otro problema específico en el caso de la I+D biomédica se da a la hora de pasar de la investigación básica a la clínica, y probablemente también hay una dificultad en la estructura económica del sector farmacéutico y su relación con la Administración. No es un área donde el libre mercado actúe espontáneamente, y por eso los acuerdos son fundamentales. Es evidente que no han funcionado, y se ha llegado a a un nivel de conflictividad muy alta que ha roto algunos de los pactos que existían y alimentaban la propia investigación. Habrá que ver cómo evoluciona eso, pero desde luego las perspectivas no son buenas.
P. ¿Qué hay del incentivo fiscal?
R. Este tema expone claramente la desorientación del Gobierno en este terreno. Cuando todos los análisis coinciden en que el problema de España es que las empresas no terminan de meterse a fondo en la fase final de la innovación tecnológica se presentan unos presupuestos que rebajan un 33,9 por ciento las deducciones en I+D, que ya son bajísimas, y unas iniciativas legislativas que deterioran progresivamente los incentivos que existen actualmente. Es ir exactamente en la dirección contraria. Y una de las causas es el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuya propia creación lleva aparejada el consumo de gastos de funcionamiento adicionales que se le resta al exterior. Da la impresión de que es todo una gran improvisación, porque el análisis del ministerio es el mismo que el nuestro. Pero hay una diferencia creciente entre el discurso público y la acción concreta que se está haciendo en los presupuestos.
P. Aún continúa, además, el debate sobre el mantenimiento de las desgravaciones fiscales a partir del año 2012.
R. Y el debate volverá, y no sólo a la Comisión de Ciencia y Tecnología. El proyecto de Ley de Patrimonio lo ha abierto también por una disposición adicional del Gobierno que perjudica gravemente el incentivo de I+D. Nadie sabe por qué les molestan los incentivos de I+D.
P. ¿Qué consecuencias puede conllevar para las empresas?
R. El problema es que, aunque finalmente se arregle, lanzar incertidumbres ya perjudica al sistema. Las empresas, para invertir en I+D, necesitan muchas certezas. El mero hecho de cuestionar permanentemente los incentivos ya está penalizando la toma de decisiones en materia de I+D.
