Cuando se legisla sobre materia sanitaria bajo la única óptica de la eficiencia económica, el resultado suele ser negativo para los intereses de la salud. El anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, que propone un nuevo modelo para la farmacia bajo la premisa de acabar con el binomio propiedad-titularidad del farmacéutico, ha acumulado críticas dentro del sector, del Ministerio de Sanidad y por parte de diferentes partidos políticos. Unas críticas a las que se suman ahora algunas consultoras y asesoras de farmacia.
Las esperanzas de las entidades consultadas por EG se concentran en las modificaciones que puede sufrir un anteproyecto en su desarrollo legislativo para erigirse en ley. “Cuando se habla de proyectos o borradores, es de sobra conocido que el resultado final está sometido a múltiples enmiendas, procedentes tanto de la oposición como de quien tuvo la iniciativa”, asegura Félix Ángel Fernández, subdirector general de Farmaconsulting Transacciones.
Esta posición también es compartida por Fernando González, presidente de la Asociación Madrileña de Asesores de Farmacia (AMAF), quien además lamentó que las modificaciones legislativas en materia sanitaria no contaran con la colaboración de los expertos. “Estamos hablando de un anteproyecto de ley hecho bajo el prisma del Ministerio de Economía. Solo contempla planteamientos de defensa de la competencia y a eso le falta otra rueda para que la bicicleta ande, que es toda la materia sanitaria”, explica.
Para las consultoras y las asesorías, el proyecto ha sido una sorpresa. “Recordemos que es una cuestión que está sobre la mesa desde hace tiempo y que ya fue discutida a nivel europeo, contando entonces con el apoyo a nuestro modelo farmacéutico de la actual ministra de Sanidad, Ana Mato, en su etapa de eurodiputada”, recuerda Carlos García-Mauriño, presidente de Asefarma.
Este aval europeo, además, implica que el modelo actual funciona de una manera correcta, circunstancia que desde el punto de vista de Fernández dificulta cambios favorables de aprobarse el anteproyecto de ley en el sentido apuntado por el Ministerio de Economía. “En un análisis más pormenorizado ha de poner sobre la mesa el hecho de que el sector ha sido total y recientemente revisado, con ocasión del dictamen europeo que, como sabemos de sobra, culminó con un radical respaldo al sistema actual”, indica, al tiempo que añade que “es difícil que se introduzcan cambios favorables en un sector que, como se ha afirmado una y otra vez desde instancias nacionales y europeas, funciona correctamente”.
Desde el punto de vista concreto de la evolución de la gestión de la farmacia con los cambios que propone el Ministerio de Economía, Belinda Jiménez, responsable del departamento de Gestión Dinámica de Asefarma, indica que “una ruptura en el modelo actual supondría que ya no se prime el interés sanitario, sino que se favorezcan los intereses económicos”.
Esta opinión es compartida por González, que además señala los problemas que acarrearía en la red de farmacias actual. “Casi el 99 por ciento de la población española cuenta con una farmacia en sus inmediaciones por lo que buscar más eficiencia con un cambio total del sistema supone unos costes significativos”, explica. En este sentido, el presidente de AMAF aclara que “estos no crearían empleo; si no todo lo contrario, se cerrarían establecimiento y únicamente estaría alimentando las pretensiones de quienes confunden la farmacia libre con la farmacia gratis”.
Los cambios legislativos que se proponen no contemplan los supuestos beneficios, sobre todo sanitarios, por lo que la confusión en el sector se acrecienta. “Los inconvenientes parten de ese mismo razonamiento: si algo funciona aceptablemente, y el cambio propuesto, cualquiera que sea, no demuestra sus ventajas, solamente se generan incertidumbres, molestias y desasosiego en un sector, sin claros beneficios de cara al ahorro económico ni a la calidad del servicio a prestar al ciudadano”, señala Fernández.
El sector de la oficina de farmacia, dada la delicadeza económica en la que subsiste en los últimos meses, necesita estabilidad. Un marco jurídico serio y estable, que le permita desarrollar su labor eficazmente y con la calidad con la que ha actuado hasta el momento. En este sentido, la responsable del departamento de Gestión Dinámica de Asefarma afirma que “romper el modelo actual supondrá perjudicar al paciente”.
Desde Farmaconsulting se avisa de que el cambio que se ha propuesto no demuestra sus ventajas sanitarias
La posible liberalización de la propiedad de las farmacias no conllevaría un aumento del número de establecimientos que conforman la red nacional de boticas, ya que el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales no plantea en ningún caso la libre apertura. Dicha red, formada actualmente por más de 21.000 boticas, lejos de aumentar, incluso podría disminuir, según se alerta desde el sector. Por tanto, si se acaba permitiendo la entrada de grandes capitales no profesionales en la propiedad de las farmacias, una de las consecuencias más inmediatas afectaría a los traspasos de farmacias, ya que al interés de los farmacéuticos no propietarios se unirían ahora otros agentes privados con mayor poder adquisitivo que los profesionales.
Aunque en principio se podría pensar en un encarecimiento de los traspasos como consecuencia de la existencia de una mayor demanda para la misma oferta, los expertos vaticinan el efecto contrario. “Los nuevos operadores empujarían irremediablemente los precios de traspaso hacia abajo, lo que resultará beneficioso para los farmacéuticos independientes no propietarios”, indica Agustín López-Santiago, director general del Gabinete López-Santiago, especializado en traspasos de boticas. La explicación se basa en que “aunque los precios de los traspasos ya han aterrizado, las cadenas realizan la valoración de estos establecimientos exclusivamente en función de su rentabilidad, sin atender a los componentes psicosociales, el prestigio social o la seguridad de un puesto de trabajo relativamente estable”, que sí tiene en cuenta el profesional, según concreta este experto.
No obstante, López-Santiago sí estima que, en determinados casos, “las cadenas estarían dispuestas a pagar un sobreprecio por alguna oficina farmacia localizada en una situación emblemática, por razones de imagen corporativa”.
Asefarma recuerda que Ana Mato ya defendió en Bruselas el modelo actual cuando era eurodiputada