La atmósfera preelectoral que se respira en el ambiente, salvo acuerdos de última hora de compleja articulación, parece haber dado el pistoletazo de salida al mercadillo habitual de ofertas propias de toda campaña. Y la sanidad, como era de esperar, no ha sido tampoco esta vez la excepción. Todo partido a derecha e izquierda del espectro político, tanto tradicionales como emergentes, según la cursi terminología tan en boga, se apresta a vendernos su “novedosa” solución al problema de como conjugar un sistema sanitario extremadamente ambicioso, que aboga por un acceso cuasi universal a las más modernas terapias, con una disciplina presupuestaria absolutamente imprescindible para evitar la quiebra del sistema. Entrecomillo el término “novedosas” por cuanto a poco que se rasque la superficie de las mismas mucho me temo que es más de lo mismo.
Pongámonos cómodos, pues, para asistir a un nuevo e infructuoso debate sobre el tan traído y llevado acceso universal, el supuesto carácter anti-social de la corresponsabilización del ciudadano en el gasto sanitario, y las variadas y pintorescas propuestas de reforma de nuestro sistema legal que van a ponerse sobre la mesa para garantizar la equidad en el acceso a la innovación. Propuestas que, mucho me temo, seguirán sin atacar de raíz el problema. Lo cierto, no nos engañemos, es que la inequidad en el acceso tiene su origen en el sistemático incumplimiento por las autoridades regionales de las obligaciones que nuestro cuerpo normativo les impone. Una situación que no va a enmendarse por sí sola, por mucho que tiremos del BOE, dada la incapacidad demostrada del gobierno central, al margen de su color, para poner orden en este desbarajuste. A lo que se añade la proverbial timidez de los tribunales a la hora de poner coto a los excesos autonómicos que pretenden hacer luz de gas del sistema constitucional de distribución de competencias.
Se me dirá, y no sin razón, que la deslealtad institucional generalizada en la que vivimos instalados, y que convierte en papel mojado cualquier acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a poco que los responsables de turno abandonan la reunión, viene motivada a su vez por la insuficiencia de los recursos financieros de los que disponen las Comunidades Autónomas para hacer frente a sus compromisos con los ciudadanos. Coincido con ello, pero sólo en parte. La ausencia de una verdadera disciplina en el gasto, en la que incurren la práctica totalidad de los responsables autonómicos burlando incluso los límites siempre elásticos que se imponen desde Bruselas, termina siempre traduciéndose en la dotación de generosas partidas presupuestarias destinadas a gastos que generan réditos electorales, en detrimento de las partidas verdaderamente necesarias. Y aun cuando ello no fuera así, no acaba de entenderse la posición de muchos responsables políticos, que, mientras vierten lágrimas de cocodrilo por la ausencia de una financiación suficiente, se dedican a jugar a la contra en asuntos delicados como la imprescindible delimitación de la cobertura que realmente puede ofrecer nuestro sistema sanitario con los recursos disponibles, o la también imprescindible corresponsabilización del ciudadano a través de los modelos de copago. Sigue llenándosenos la boca con declaraciones tan altisonantes como inútiles sobre la necesidad de blindar un sistema supuestamente “universal y gratuito” –que, en realidad nunca ha sido tal- en tanto que la cruda realidad se empeña una y otra vez en demostrarnos que los ideales están muy bien pero que de ellos no se come. Acomódense, que comienza el espectáculo.
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