Ya sabemos lo que nos cuesta haber gastado más de lo que teníamos: en 2013 pagaremos unos 40.000 millones de euros. Es el coste de la deuda española que sufre la prima de riesgo, un término que se ha convertido en algo tan popular como la coca-cola. A estas alturas, quien se oponga o insinúe un “¡No a los recortes en Sanidad!” solo puede caer en la demagogia (que es la versión fina de la mentira burda de quien se dedica a la política) o no tiene la menor capacidad de gobernar o carece de conocimientos adecuados.
Y tenemos de estas tres cosas algún ejemplo en este país. Hasta la Alianza General de Pacientes es consciente de la necesidad de reinventar un sistema que debe ajustarse a los presupuestos. Pero son dos los asuntos que resultan muy preocupantes. Tras dejar fuera de la financiación pública alrededor de 600 millones de euros en medicamentos que no requieren de receta, el mecanismo burocrático ha dejado indefensas a las compañías: ni se les permite un cambio de estatus ni se les aprueba el precio. El segundo asunto preocupante es que desde junio de 2010, de 30 medicamentos y nuevas indicaciones aprobadas por la EMA, tan solo once han podido ser comercializados en España. Se perderán empleos, vendrán más EREs y, si no hay riqueza, no habrá pago de impuestos. ¿Quienes son los culpables de estas pérdidas?
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