Santiago de Quiroga
Identificar dónde está la barrera entre la solidaridad (y cumplir la legalidad) y, en términos castizos, hacer el tonto, puede no ser tan claro.El turismo sanitario es un hecho. En amplias zonas de Levante, Baleares o Canarias viven ciudadanos europeos que tienen derecho a una prestación sanitaria y forman parte de su comunidad. Ante esto nada que objetar. Eso es independiente de si son ciudadanos activos o no, pensionistas o trabajadores que, aprovechando unas vacaciones, se someten a una intervención. Que ciudadanos europeos vengan a España, uno de los principales destinos turísticos del mundo, tiene también su lado económico: quieren medicarse.
El problema es más complejo, ya que ahora se cuestiona desde la Comisión Europea (CE) que se exija a los turistas europeos —por parte de las autoridades españolas— que se demuestre cuando son jubilados, ya que en este caso acceden a la prestación farmacéutica gratuita. Si la documentación que aporta un ciudadano de la UE es ilegible o poco clara, no cabe que la CE cuestione que se solicite la documentación. También los españoles debemos demostrar que somos jubilados para acceder a la gratuidad. Es evidente que la picaresca existe y que si uno puede tener los medicamentos gratis en España… ¿por qué no va a intentar que así sea? Se trata de poner mecanismos para evitar un fraude. España está actuando correctamente.