Santiago de Quiroga
Galicia sigue adelante con su catálogo reducido y habla de los ahorros que la reducción de la oferta farmacéutica tiene en las arcas públicas de dicha comunidad. Madrid, tras la reunión entre Esperanza Aguirre y Alberto Núñez Feijóo, también baraja la posibilidad de extender algo que es “de facto” acabar con la política farmacéutica, tal y como está en la Constitución española. Ni siquiera el fallo del Tribunal Constitucional puede cambiar el hecho de que justifica la medida “por el entorno de crisis”. Los impuestos debemos seguir pagándolos a pesar de la crisis, y por ello no debería justificar el saltarse la Constitución. En este sentido, la norma gallega lo hace.
Al menos en Madrid ya se han pronunciado los representantes sindicales de los médicos, Amyts, diciendo que les parece bien conseguir eficiencias y ahorros a través de un catálogo priorizado, pero dialogando con los médicos. En Galicia son los colegios de médicos los que negocian y acuerdan con la administración gallega. La pregunta es: ¿Dónde quedan las sociedades científicas a la hora de establecer pautas de prescripción? ¿Es que no tienen nada que decir los especialistas y las sociedades científicas? Si hablamos de equivalencias terapéuticas o sustituciones, no son los colegios profesionales ni los sindicatos médicos los únicos que deberían opinar.
