Cristina Garmendia asegura que los recortes no amenazarán la capacidad científica ni los trabajos del sistema
El PP asegura que los presupuestos generan al Ejecutivo un “problema de legitimidad” con los científicos
carlos b. rodríguez
Madrid
Decía el escritor francés André Gide que las cosas hay que repetirlas casi todos los días porque el mundo está lleno de sordos. La semana pasada, algunos responsables del Ejecutivo se hicieron eco de esta expresión para reiterar el mensaje de que sus presupuestos para el año 2010 son austeros, sí, pero no afectarán a las políticas científicas. La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, en una rueda de prensa, y otros altos cargos de su departamento, en comparecencias ante el Congreso, lo repitieron hasta la saciedad: gran parte de los recortes serán en gastos corrientes del ministerio. A falta de saber si el mensaje de tranquilidad cala en las comunidad científica, a la oposición no le convence. Para el PP, el Ejecutivo tiene un “problema de legitimidad” ante los investigadores.
La ministra hizo todo lo posible. Llamó personalmente a la bioquímica asturiana Margarita Salas para tranquilizarla sobre el dinero para la Ciencia y detalló pormenorizadamente los presupuestos para contrarrestar unas informaciones que, según el departamento, no tienen nada que ver con las cuentas públicas, si bien parten del reconocimiento implícito de que en 2010 se interrumpirá la promesa de incrementar la inversión en ciencia un 25 por ciento. “El contexto es de máxima austeridad y el incremento expansivo no se puede mantener en 2010, pero si los científicos entienden que tienen garantizado su puesto de trabajo y la inversión en I+D, el proyecto presupuestario no es motivo de queja”, reconoció Garmendia.
En el caso del ministerio, además de ajustar el cinturón de sus gastos y los de sus organismos adscritos, la principal reducción, y uno de los grandes motivos de alarma, viene del ajuste en las transferencias para financiar las operaciones corrientes de los OPI, que se verán obligados a romper la hucha en 2010. En total, los recortes alcanzan el 13,19 por ciento, si bien dicen que “no amenaza la capacidad científica de los organismos ni los puestos de trabajo asociados”.
A pesar de que su presupuesto baja un 10 por ciento menos, el Carlos III mantiene las ayudas de proyectos de investigación, que pasan de 62 a 66 milllones de euros. En el caso de los hospitales, responsables del 20 por ciento de la investigación que se produce en España, “su investigación no sólo está garantizada, sino incrementada, y no sólo a través de los proyectos de investigación en el área de salud sino también a través de los programas Ciber, que mantienen exactamente los mismos presupuestos que en el año 2009; Caiber, que disminuye de 11 a 10 millones; y las 20 Retic, que mantienen de nuevo sus proyectos y su financiación”, explicó ante la Comisión de Ciencia del Congreso el secretario de Estado de Investigación, Carlos Martínez.
A pesar de defender que los OPI disponen de un fondo de maniobra y de tesorería suficiente para hacer frente a sus necesidades para el año 2010, Garmendia resaltó que “la coyuntura, los presupuestos y el recurso a los fondos propios son excepcionales”. Pero es la posibilidad de que no lo sea, y la amenaza de nuevos recortes en 2011, lo que preocupa.
Al PP, lo de que los OPI tiren de sus remanentes le suena a cuando los conquistadores españoles quemaban sus naves. Así lo explicó en el Congreso la diputada del PP Blanca Fernández Capel: “Tirar del calcetín es un arma de doble filo porque nos quedamos sin un colchón que vamos a necesitar. No nos ceguemos en nuestros buenos deseos de que el año que viene no va a ser necesario plantear algunas mejoras”.
Tijera a los incentivos
El temor del PP viene precisamente de la experiencia acumulada por el Ministerio de Ciencia, que por segundo año consecutivo se sitúa a la cabeza de los recortes en los proyectos de presupuestos, además de haber sufrido entre medias recortes adicionales por valor de 450 millones de euros.
La consecuencia puede ser peligrosa para algunas políticas, como los incentivos fiscales a la I+D, básicamente los que están presentes en el impuesto sobre beneficios de sociedades. Tras una bajada en el proyecto de 2009, la cifra que dan los presupuestos del ejercicio próximo es de un nuevo descenso, ahora del 30,7 por ciento de los incentivos fiscales orientados a las sociedades de I+D+i. En este sentido, el portavoz popular en la Cámara, Gabriel Ellorriaga, alertó de que “se está desactivando un mecanismo adicional de incentivo de la actividad empresarial”.
La posición del PP es repasar y apurar aún más la estructura de los incentivos fiscales, aunque desde el ministerio no están por la labor. “No creemos que haya que hacer modificaciones normativas, sino incorporarlo a nuestro diálogo con las empresas”, dijo el secretario general de Innovación, Juan Tomás Hernani, que también enmarcó el problema en la crisis.
“Hay una cuestión de coyuntura, y al ser créditos fiscales, en una situación de dificultades económicas uno no tiene beneficios y no puede desgravarse, por lo que en ese sentido quedan congeladas. Esperamos poder viabilizar instrumentos que nos ayuden a poner en práctica los créditos fiscales que las compañías van generando”, dijo.
