El consejero valenciano inaugura las comparecencias de la Subcomisión del Pacto
La Fadsp pide generalizar el mecanismo de información de las recetas en el SNS
carlos b. rodríguez
Madrid
La cartera de servicios tiene una clara repercusión en la financiación del SNS. El consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Manuel Cervera, estrenó las comparecencias en la Subcomisión de Estudio del Pacto Sanitario del Congreso y reclamó, entre otras cosas, la “evaluación previa de aquellas prestaciones que vayan a incluirse en la cartera de servicios comunes”, y valoró para ello su impacto poblacional y las disponibilidades existentes.
“Además —añadió Cervera—, sería conveniente reforzar las Agencias de Evaluación de las Tecnologías Sanitarias, mejorando su capacidad de coordinación, de trabajo en red, e incrementando además la difusión de sus informes técnicos”. No es de extrañar que la Comunidad Valenciana esté interesada en alcanzar el mayor nivel de concreción y de consenso en los objetivos y procedimientos de actualización de la cartera, pues está estrechamente relacionado con el aspecto de la sostenibilidad financiera del sistema, eje sobre el que giró buena parte de la comparecencia del consejero valenciano.
Si se suma el incremento poblacional del 27,8 por ciento experimentado desde 1999, el millón de inmigrantes más reflejados en el patrón, la tasa de envejecimiento (los mayores de 65 suponen ya el 16,11 por ciento de la población total) y los gastos derivados de la atención a desplazados nacionales y extranjeros, la cuantía anual requerida para solventar los problemas de la sanidad valenciana asciende a 1.151 millones de euros.
“Las implicaciones financieras que se derivan de esta tendencia del gasto no sólo afectan a los valencianos, sino también al resto de los territorios autonómicos. Por eso considero primordial que el Estado se implique políticamente en la resolución del problema”, destacó Cervera.
Se trata de una idea extendida, no sólo entre las comunidades autónomas. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) también lo cree así. Según su portavoz, Marciano Sánchez Bayle, la crisis económica ha supuesto una reducción de 73.500 millones de euros para la financiación sanitaria del conjunto del Estado. Reclamó para ello una financiación sanitaria finalista, con incentivos al cumplimiento de los objetivos de un Plan Integrado de Salud.
Cohesión e información
No obstante, aunque para Cervera “sin financiación es imposible garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario”, este punto aparece el último en las propuestas de mejora de la federación, cuyo diagnóstico de la situación actual de la sanidad se centra en la falta de cohesión y el incremento de las brechas interautonómicas que se han abierto y ampliado progresivamente con las transferencias.
Resultado de todo ello ha sido, para Sánchez Bayle, no sólo las desvertebración del SNS (citó como ejemplo el calendario vacunal, problemas de inequidad de acceso, los modelos de gestión…), sino la falta de información “detallada y homologable en el conjunto del SNS”. Todo un problema, pero no imposible de superar, como demuestran dos hechos. El primero es la gripe A, un ejemplo de coordinación que fue resaltado por los dos comparecientes. “El segundo es la información desagregada por comunidades autónomas que se ofrece mensualmente sobre el gasto en recetas financiadas por la Seguridad Social, que pone en evidencia que hay mecanismos eficaces de asegurar una información actualizada y de calidad”, recalcó Sánchez Bayle.
Son todas ellas cuestiones que giran en torno a lo que Cervera considera “el embrión del Pacto”: la Ley de Cohesión y Calidad del año 2003. No obstante, la visión que él y el representante de la Fadsp tienen de esta norma años después varía considerablemente.
Según el consejero, “permitió corregir muchos de los problemas que estaban enquistando la sanidad”. Sánchez Bayle, en cambio, cree que “no establecía mecanismos efectivos para hacer operativas, ni sus disposiciones ni tampoco las decisiones del Interterritorial, de manera que seis años después “la situación no ha cambiado significativamente y su grado de cumplimiento es, cuando menos, escaso”. En un momento en el que el consenso parece reinar entre las administraciones sanitarias, la Fadsp pide dotar al CISNS de mecanismos que le permitan la toma de decisiones vinculantes.
