Castilla y León ha decidido dar un salto cualitativo en su estrategia de oposición al copago farmacéutico hospitalario. El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha confirmado que la Junta cumplirá su amenaza y recurrirá esta medida en los tribunales, después de que el Ministerio de Sanidad haya rechazado el requerimiento del presidente regional, Juan Vicente Herrera, para que no se aplicara.
El Ejecutivo autonómico trasladará hoy a los servicios jurídicos un informe para que en los próximos días se pueda presentar formalmente un recurso contencioso administrativo que reclame que se anule esta resolución del departamento que dirige Ana Mato.
Además de creer que no va a tener efectos, ni desde el punto de vista disuasorio ni desde el punto de vista recaudatorio, Castilla y León considera que el organo que dictó la resolución del copago hospitalario, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, “no es competente”, ya que debería haberlo hecho “el Gobierno de España o al menos la ministra de Sanidad”.
En esta línea, Sáez Aguado indicó que medidas como ésta no deben adoptarse mediante una resolución de una Dirección General, sino mediante una norma “con rango suficiente” como un real decreto o una orden ministerial que garantice la igualdad de todos los ciudadanos tanto en el acceso a los medicamentos como en las condiciones de compra.
