La Consultora Antares también defendió el modelo en Bruselas con su informe “Farmacia en España: un servicio de titularidad privada en un sistema sanitario público”. En él se refleja que los medicamentos nunca pueden ser tratados como bienes de consumo, así como que la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo indica que una actividad que, por su naturaleza y las normas que la regulan, es ajena a la esfera de los intercambios económicos, no está sujeta a la aplicación de las normas sobre competencia del Tratado. También recuerda cómo contribuye nuestro modelo a la contención del gasto y a la bajada de los precios.
a. cornejo / j. nieto
Bruselas
El taller sobre “Servicios farmacéuticos de calidad” organizado en Bruselas el pasado 15 de octubre por la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea no se desarrolló tal y como ésta deseaba. Así, las pretensiones de la Comisión de corroborar sus tesis liberadoras, sufrieron un revés tras ser escuchadas las intervenciones de los participantes en este taller.
Una de estas intervenciones fue la del presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Pedro Capilla, que pidió a la Comisión que paralizase “la tramitación de los diferentes procedimientos de infracción” abiertos contra varios estados de la Unión Europea por sus legislaciones farmacéuticas.
Capilla estimó que “lo contrario sería ir contra el espíritu del artículo 168.7 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, derivado del Tratado de Lisboa, próximo a entrar en vigor”. En este sentido, manifestó que “judicializar la sanidad, en general, y la farmacia, en particular, es un grave error”.
El artículo citado por el representante de los farmacéuticos españoles indica que “la acción de la Unión en el ámbito de la salud pública respetará las responsabilidades de los Estados miembros por lo que representa a la definición de su política de salud”.
El presidente del CGCOF consideró, nuevamente, que un diálogo como el mantenido en este taller “debería haberse producido antes de iniciarse los procedimientos de infracción en esta materia”. Por ese motivo, culpabilizó a la Comisión por no haber tenido en cuenta con anterioridad a todos aquellos que tenían algo que decir en este tema, y estimó que de este encuentro no se podían extraer conclusiones, aunque esperaba que sea “el comienzo de unos trabajos que, estoy seguro, darían como conclusión que son los gobiernos los que tienen la misión de defender el sistema que mejor sirva al ciudadano”.
Argumentos conocidos
El presidente del CGCOF expuso argumentos ya conocidos para defender la farmacia española, a la que consideró “un modelo más para imitar que para cambiar”. Así, incidió en que “al medicamento no se le pueden aplicar las leyes del Libre Mercado”, previstas en el artículo 43 del Tratado de la CE; en la necesidad de mantener el modelo actual por estar la farmacia integrada plenamente en el SNS; o en los parabienes económicos que significa que sea la oficina de farmacia quien, además de dispensar, se ocupe de la facturación a la Seguridad Social.
Capilla acudió a la reunión con datos debajo del brazo para avalar la defensa de la planificación y el binomio titularidad-propiedad. En este sentido, explicó que el 99 por ciento de la población dispone de una farmacia en su localidad, que existen 2.149 oficinas de farmacia en poblaciones con menos de mil habitantes, que el número de habitantes por farmacia (2.158) y los precios de los medicamentos en nuestro país son de los más bajos de la UE y que el 25 por ciento de las 21.000 farmacias españolas se encuentran en zonas rurales.