¿Quién cuida al cuidador? Es habitual escucharle esta premisa a Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz al quejarse de las medidas de recorte contra unos establecimientos, las farmacias, que son el punto sanitario más cercano al ciudadano. En el caso de las boticas rurales, no solo es el punto sanitario mas cercano sino en muchas ocasiones el único en el municipio en el que se ubica.
Así, la botica rural es garante pero también pagana de esa accesibilidad de la que presume el modelo farmacéutico. Por tanto, y a tenor de la manifiesta inviabilidad económica de muchas de ellas, podríamos también preguntarnos: ¿cómo sustentar a aquellos que sustentan el modelo?La búsqueda de soluciones a esta problemática fue uno de los objetivos del I Foro Sefar celebrado el 18 de abril el Madrid, el cual arrancó con la enésima advertencia de Javier Guerrero, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar): “la retribución común es una problemática para la farmacia rural, que se une a la localización; los rurales no pueden mirar sus números rojos mientras que salvaguardan un modelo”, espetó. “¿Tiene sentido que una farmacia rural tenga el mismo modelo de financiación que una urbana? Probablemente no”, corroboró en este foro José Ignacio Echániz, secretario de Sanidad del Partido Popular.
Una de las soluciones más heterodoxas proviene de Podemos, donde se apostaría por farmacias rurales ‘a la carta’ a las que se les pagase por la prestación de servicios según las necesidades específicas de la población de sus localidades. No obstante, José Martínez Olmos, portavoz del PSOE en el Senado, cree que “no se pueden implantar medidas que generen inequidades entre los propios compañeros, ni pagar servicios a las farmacias rurales y al resto no”. El representante socialista tampoco cree que la solución “a corto plazo” pasase por un cambio del modelo retributivo general en el que no tuviese tanta incidencia las ventas públicas al SNS —como también se reclama desde Ciudadanos e IU— y sí la prestación de servicios. Barriendo para casa, dado que fue el Gobierno socialista quien lo implantó, Olmos apostaría por “profundizar” en el marco del Real-Decreto ley 9/2011 que establece la aplicación de un índice corrector (con un máximo de 833 euros mensuales) a aquellas farmacias VEC que no alcanzan los 200.00 euros de facturación pública anual al SNS.
¿Y qué propone el colectivo? Para Sefar, el RDL 9/2011 fue un primer paso que no ha tenido continuidad, bien a través de incrementos de las compensaciones o medidas estructurales. “Solo pedimos mecanismos que permitan cubrir los gastos fijos del establecimiento y que los ingresos netos alcancen a los de un farmacéutico de AP”, reclama su presidente. Guerrero recordó que el SNS solo emplea el 1 por ciento de sus recursos en la farmacia rural y que bastaría con aumentarlo 0,5 puntos (en cifras, en torno a los 40 millones de euros). “Con ese 1,5 por ciento, no solo se garantizará la viabilidad sino que las farmacias rurales podrían implantar una cartera de servicios”, cree Guerrero.
