n El informe del abogado general no ha generado movimientos por la unificación
n Apuestan por sus particularidades mientras no haya obligación de cambio
a.c.
Madrid
Los “incoherentes criterios respecto al objetivo de la universalidad de acceso” que observó el abogado general del Tribunal de Luxemburgo Miguel Poiares en el baremo vigente en Asturias para adjudicar farmacias no parecen asustar, por el momento, a las consejerías de Salud autonómicas. A pesar de que en el 80 por ciento de los casos las sentencias de este tribunal están en concordancia a lo sugerido por el abogado general y que no son pocas las autonomías que también cuentan con esos criterios cuestionados, ninguna consejería ha dado, por el momento, ningún paso hacia la modificación de los mismos o bien a la unificación de posturas a nivel nacional, como así creen necesario los colegios oficiales de farmacéuticos.
La sentencia de la cuestión prejudicial asturiana, prevista para abril y que dirimirá la legalidad de primar, entre otras, la experiencia local o la lengua autóctona, puede convertir los cambios en obligatoriedad. Sin embargo, ninguna consejería se ha querido poner al frente del debate, e incluso, en aquellas autonomías donde se han producido modificaciones en este tiempo, no han hecho ningún guiño al informe de Poiares.
“Las consejerías saben que deben abordar la unificación de criterios, pero hay que tener en cuenta que, lógicamente, todas creen que sus baremos son óptimos. Por lo tanto, es difícil que, sin obligaciones de por medio, accedan a cambiar lo que consideran bueno”, indica Jaime Carbonell, presidente del COF de Alicante. El propio Carbonell considera que el baremo valenciano es “muy completo, pero apuesta por que “cuanto más perecidos sean, mejor”. Un parecer que comparte su homóloga del COF de Valencia, María Teresa Guardiola, que indica que cuentan “con baremos justos, que contemplan tanto la parte académica como la profesional”.
Precisamente, la Consejería de Salud valenciana ha tenido que modificar algunos de sus criterios de selección para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo. Así, el idioma cursado en la carrera cuenta a la hora de medir la puntuación obtenida por el expediente académico, y se ha reducido la puntuación por ejercicio distinto a la oficina de farmacia. Sin embargo, la obligatoriedad de modificar el decreto que regula las adjudicaciones no ha sido aprovechada para sopesar la introducción de otros cambios que, en unos meses, podrían ser también obligatorios vía Bruselas. “Es probable que tengan que volver a revisarse”, cree Carbonell.
Otras autonomías, como Andalucía y Aragón, también han introducido en los últimos meses novedades en sus baremos. En ambos casos, no obligadas y sin considerar oportuno, pese a su proximidad, esperar a la sentencia. Pues bien, la igualdad entre los baremos de ambas es prácticamente nula.
De este modo, mientras que en Andalucía se prima la experiencia en Farmacia Hospitalaria, en Aragón se hace lo propio con la experiencia acumulada en el ejercicio como farmacéutico comunitario. Otro ejemplo: en Andalucía los copropietarios de un local sólo pueden realizar peticiones conjuntas de traslado, mientras, en la Comunidad Valenciana se acaba de prohibir la participación conjunta en estos procesos.
Hasta conocer la sentencia no parece que vaya a haber movimiento alguno en aras de la unificación. Sin embargo, la farmacia nacional sí los reclama. La propia presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña, ha solicitado que sea el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el lugar donde se trabaje por la fijación de un baremo común en todo el territorio nacional.
En Aragón, por ejemplo, el Gobierno regional ha reconocido que los colegios farmacéuticos provinciales les avisaron cuando tramitaban los cambios de la idoneidad de que se asemejasen a las tendencias que sugería el informe del abogado general.
