Pese a haber crecido un 14 por ciento, el presupuesto de Aragón no bastará para cubrir la factura farmacéutica anual. Faltarán 23 millones de euros, según un informe de la Intervención General que ha levantado ampollas en el Parlamento y obligado a tomar medidas al presidente regional, Javier Lambán. El último Consejo de Gobierno dio luz verde a una comisión mixta Sanidad-Hacienda que fiscalizará y propondrá medidas de racionalización del gasto.
La información oficial facilitada asegura que la comisión no es “un órgano de control”, sino un “elemento de coordinación”. Asimismo, pretende alejar el fantasma de los recortes al asegurar que las medidas que se planteen “no afectarán a la adecuada prestación del servicio público”.
Esta comisión no sólo responde al informe que cifra en 100 millones la desviación con la que el Servicio Aragonés de Salud acabará 2016. También es una respuesta al aviso que el Ministerio de Hacienda ha lanzado a las 12 comunidades —Aragón entre ellas— que se han acogido al FLA. Ninguna verá su parte de los 5.834 millones previstos hasta que no presenten un plan con nuevos ajustes presupuestarios. En el caso de Aragón son 181 millones los que el Gobierno regional espera para, entre otras cosas, reducir su periodo medio de pago a proveedores, que sigue ocasionando sus mayores estragos en el sector sanitario.
Según la Consejería de Hacienda, el periodo medio de pago a proveedores del global de la región se redujo en 24 días en enero, hasta los 75 días. Pero el gran problema está en el sector sanitario. El periodo medio de pago a proveedores en el Servicio Aragonés de Salud se redujo en 32 días en enero, pero todavía asciende a los 91.
Era inevitable que esta situación, a la luz del informe de la Intervención y del aviso de Hacienda, estuvieran presentes en el debate de la PNL que Ciudadanos presentó en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón para exigir el pago en los 30 días que marca la ley. Fue aprobada por unanimidad, junto con una enmienda de Podemos que reclama al Ejecutivo un informe trimestral para controlar la evolución de los pagos.
A finales de 2015 ya se aprobó una iniciativa similar presentada por el PP, y los resultados distan de ser óptimos, dado que es la propia insuficiencia financiera la que impide pagar a tiempo. Algunos grupos se hacen eco del impacto en las farmacias, que según Ciudadanos “están reduciendo el stock porque no pueden mantenerlo” y que según el grupo aragonés verán incrementados sus plazos de pago en 2016. La oposición tampoco aprueba la fórmula de ‘confirming’ que estudia el Gobierno para reducir los plazos de pago. Opina que hace recaer el peso de la deuda en las empresas, que no cobran, y no en la administración, que es la incumplidora.
