Durante la pasada legislatura el PP hizo de la financiación sanitaria su bandera como grupo de oposición. Pero en sus comienzos en el Gobierno de España ha optado por pasar de puntillas por este y el resto de asuntos que a día de hoy más preocupan a los ciudadanos. Así, más allá de lo que dijo el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, no dejó nada claro sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), ni sobre los pagos de la deuda de las autonomías, ni sobre los pagos a proveedores, ni sobre el copago, ni sobre un posible medicamentazo en la Ley de Cartera Básica de Servicios.
A este respecto, el único compromiso claro que la ministra señaló en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso fue el de alcanzar un doble pacto de Estado, en Sanidad y Política Social, con la idea de repetir la hazaña que se consiguió con el de Toledo para las pensiones. Cabe destacar que Mato es la quinta ministra que se plantea el reto, y la que lo tiene más fácil al estar la mayoría de las autonomías gobernadas por el PP.
Escudada en la carencia de competencias del Ministerio de Sanidad para adoptar medidas concretas, el pacto propuesto por Mato nace como un verdadero cajón de sastre, “un universo de temas”, en palabras de la ministra, en el que cabe todo: equidad, cohesión y sostenibilidad. La idea es impulsarlo este mismo mes o el mes que viene con la idea de que se firme antes del verano.
Sobre este punto, tal y como precisó muy gráficamente la ministra, se harían dos pactos (ver diagrama): el de la Sanidad, que se impulsará a través del Consejo Interterritorial del SNS; y el de Política Social, a través del Consejo Territorial y las conferencias sectoriales. En este sentido, anunció que se consultará a los representantes sociales a través de los consejos consultivos que existen en el seno de ambos foros.
¿Y cuáles son las cuestiones mínimas que, según la ministra, deben estar contenidas en el acuerdo sanitario? Entre otros, la sostenibilidad del sistema, la cartera básica de servicios, un nuevo modelo de prestaciones farmacéuticas (el ministerio solamente adelantó un casi decálogo) y la tarjeta sanitaria. Es decir, casi todo.
Preguntas sin respuesta
Este doble pacto socio-sanitario tendrá su última expresión en una propuesta que se trasladará a las fuerzas políticas del Parlamento para llegar a acuerdos que permitan articular el anteproyecto de Ley de Servicios Básicos para su debate en esta cámara, tal y como anunció Mariano Rajoy durante su debate de investidura. ¿Supondrá esta nueva normativa un recorte de prestaciones y la exclusión de medicamentos de la financiación pública? ¿Qué se puede esperar del pacto en relación al copago? Son dos de las múltiples preguntas que la declaración de intenciones del ministerio despiertan en los grupos parlamentarios de la oposición y que hoy siguen sin tener una respuesta clara.
Por ejemplo, respecto al copago, Mato volvió a defender la Sanidad pública, gratuita e igual para todos, aunque reconoció que esta fórmula y otras medidas, como destinar el impuesto de la renta para el pago de la farmacia, ya han sido planteadas por algunas comunidades autónomas, no necesariamente gobernadas por el PP, y que todas se debatirán en el próximo pleno del Consejo Interterritorial del SNS.
Por otro lado, respecto a la cartera de servicios, Mato aclaró que “en ningún caso va a suponer ningún recorte de prestaciones”, sino una “garantía” para que todas las personas, en todo el territorio nacional sepan qué servicios se les va a prestar. Si serán más o serán menos, tampoco se sabe. Será el Consejo Interterritorial del SNS, de nuevo, el que decida y de forma a ese ministerio “reformista” que Mato defendió durante su toma de posesión.
Las comunidades
Sin duda la circunscripción del Pacto y todos los elementos de discusión que incluye a las comunidades autónomas fueron un elemento que contó en la valoración positiva que el discurso de la ministra obtuvo entre las formaciones nacionalistas. Ello no impidió, sin embargo, que algunos de los anuncios fueran vistos con cierto temor tanto por los representantes de CiU como por los del PNV.
Ambas formaciones dejaron de nuevo claro su celo por el respeto a las competencias autonómicas. El portavoz de Sanidad del PNV, Emilio Olabarria, se refirió a ellas en relación, precisamente, a la revisión de la cartera de servicios, sobre la que pidió además que el País Vasco sea tomado como referente modelo para el resto de las comunidades autónomas. Por su parte, la portavoz de CiU, Concepció Tarruella, lo vinculó a la tarjeta sanitaria. El objetivo del ministerio es lograr la interoperabilidad; CiU responde que el diseño, forma y modelo de las tarjetas sanitarias son una competencia de las comunidades autónomas.
Las competencias tuvieron en la comisión un protagonismo especial, gracias a la presencia de UPyD. En respuesta a su portavoz de Sanidad, Rosa Díez, la ministra reafirmó su defensa de la descentralización. “No soy partidaria en ningún caso de devolver las competencias de las comunidades autónomas al Estado, porque creo que se puede gestionar vía acuerdos, vía colaboración y vía coordinación”, dijo.
Acuerdos, colaboración y coordinación son, precisamente, lo que casi todos los grupos manifestaron, con mayor o menor vehemencia, en relación a los conflictos de asistencia sanitaria entre comunidades. Lo hicieron principalmente aquellos cuyas regiones sufren problemas por este motivo: País Vasco y Cataluña. Otra tarea más para el Interterritorial.
Garantizará a los ciudadanos el acceso a todos los medicamentos necesarios para hacer frente a las distintas patologías.
Permitirá a las administraciones sanitarias incluir criterios de eficiencia en la prestación farmacéutica.
Posibilitará el acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores, siempre que realmente aporten un valor terapéutico añadido.
Seguirá incrementando el porcentaje de genéricos hasta alcanzar el promedio de la Unión Europea.
Establecerá, con el mayor consenso posible, pautas y criterios que configuren un marco normativo estable y previsible para el ejercicio de las actividades de laboratorios, empresas de distribución y farmacias.
Incluirá criterios de coste/beneficio en el proceso de incorporación de nuevos medicamentos.
Fomentará la investigación con nuevos incentivos.
Promoverá el bueno uso de los medicamentos.
Incluirá nuevos mecanismos de participación de las comunidades autónomas en política farmacéutica.
Escudada en la carencia de competencias, el ‘Pacto de Mato’ nace como un cajón de sastre en el que cabe todo
Será el Interterritorial quien decida y dé forma al ministerio “reformista” que Mato anunció en su toma de posesión
Mato volvió a defender la Sanidad gratuita aunque reconoció que el copago ya ha sido planteado
por alguna comunidad
“No soy partidaria en ningún caso de devolver las competencias porque creo que se puede gestionar vía acuerdos”
“El Estado de bienestar no se puede mantener a costa de los proveedores o de guardar facturas en los cajones”.
“Nuestro Sistema Nacional de Salud carece de una estrategia definida en Farmacia. Y ello a pesar de que el gasto farmacéutico representa más del 22 por ciento del gasto sanitario total”.
“El Pacto va a ser para mí un propósito irrenunciable, al que habrá que dedicar esfuerzo, lealtad y colaboración de todos”.
“El ministerio apoya, como no puede ser de otra manera, el modelo español de farmacia comunitaria representado por las oficinas de farmacia, cuyos profesionales demuestran que son parte integrante del SNS”.
“En España parece que los medicamentos son caramelos y los medicamentos son un producto al que tendríamos que darle el valor que tienen. Ahí, tendríamos que hacer un poco de sensibilización en la sociedad”.
“Creo que ha sido muy positivo que el Carlos III vuelva al Ministerio de Sanidad”.