Aeseg rechaza las subastas de principios activos en Andalucía y alerta de múltiples ilegalidades

Carlos Arganda

Madrid

La modificación del concierto de farmacia que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) quiere imponer al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), y que fue publicada por EG en exclusiva la semana pasada, no ha dejado a nadie indiferente. Como no podía ser de otro modo, la industria, y concretamente la patronal de las compañías fabricantes de genéricos (Aeseg) ya ha levantado su voz en contra de un texto al que califican abiertamente de ilegal y, hasta inconstitucional.

Aeseg ha realizado un informe jurídico en el que analiza las medidas propuestas por el SAS y detecta numerosas infracciones legales a lo largo del texto propuesto por el organismo andaluz. En este sentido, Aeseg alerta incluso de la inconstitucionalidad de la propuesta del organismo público. Según el informe, la medida iría en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo que incurriría en “un vicio de nulidad de pleno derecho por inconstitucionalidad” a causa de la extralimitación de competencias que incluye en sus disposiciones. Además, el informe indica que se podría incurrir, igualmente, en ilegalidad, como consecuencia de la “contravención legal del acuerdo convencional” a que pudiera llegar con el Cacof.

Esto es así porque “bajo la apariencia de un descuento” lo que en realidad entraña la medida pretendida es “una rebaja encubierta de los precios industriales” que son fijados por el Ministerio de Sanidad, lo que, sin duda supone una “rebaja manifiestamente ilegal e inconstitucional”.

Descuentos ilegales

Pero la medida que quiere impulsar el SAS tiene también otro importante choque con la legalidad vigente. En este sentido, desde Aeseg destacan que se infringiría la normativa reguladora de descuentos. Según la Ley de Garantías, modificada por el Real Decreto Ley 4/2010, los descuentos podrán alcanzar hasta un máximo de un 5 por ciento para los medicamentos financiados con cargo al SNS, ampliable hasta un 10 por ciento en el caso de medicamentos genéricos. Y además, especifica que estarán autorizados “siempre que no se incentive la compra de un producto frente al de sus competidores”. Para Aeseg, con las subastas de medicamentos y posterior exclusividad de mercado a cambio de reducir el precio de adquisición se estarían vulnerando ambas limitaciones ya que “con toda seguridad” se superaría el máximo establecido como límite para los descuentos y, además, se “impondría” la compra, prescripción y dispensación “de un producto frente a sus competidores”.

En este sentido, también alertan de una nueva ilegalidad. En este caso la que se obligaría a cometer a las compañías adjudicatarias ya que los descuentos no se realizarían por los distribuidores a las farmacias, sino al propio SAS. Por este motivo, las compañías podrían “ser sancionadas” por el propio SAS, que es el organismo competente. Pero Aeseg va más allá y es que según su informe jurídico, en caso de no producirse sanción a los infractores podría derivar incluso en responsabilidad penal, por prevaricación, de los propios funcionarios encargados de la inspección farmacéutica.

Por otro lado, y además de las cuestiones jurídicas, Aeseg ha puesto de manifiesto también que el texto “atenta frontalmente a las garantías de independencia de los profesionales” en sus tareas de prescripción y dispensación y se muestra asombrado por el hecho de que un convenio firmado entre dos partes (SAS y Cacof) terminen afectando a la industria y la distribución, que no forman parte del convenio a firmar, como sucedería con la redacción actual.

Por último, la patronal de genéricos considera que la medida “atenta contra el modelo sanitario establecido por el Gobierno” ya que origina “claras diferencias para el ciudadano en la calidad, equidad y cohesión” del SNS. Además, considera que no incide en las causas reales de crecimiento del gasto farmacéutico en nuestro país y, podría incluso derivar en el establecimiento de canales de exportaciones paralelas hacia otras comunidades autónomas.

A pesar de la dureza del informe jurídico, fuentes de la patronal han asegurado a EG que a finales de la semana pasada han tendido la mano al SAS para analizar conjuntamente en qué cuestiones podrían colaborar con el objetivo de ayudar a superar las dificultades económicas que atraviesa el servicio sanitario andaluz. Por ello, además, esperan que el texto final incluya numerosas modificaciones con respecto al borrador de trabajo que actualmente está sobre la mesa.

Al cierre de esta edición, la posible reacción de Farmaindustria a la iniciativa andaluza todavía no había sido hecha pública, aunque fuentes de su departamento de comunicación aseguran que en los próximo días “habrá un posicionamiento oficial” de la patronal.