El Ministerio de Sanidad ha iniciado los trámites para la publicación de una Orden Ministerial que establecen las condiciones de la integración del Nodo SNSFarma en el sistema de verificación de medicamentos.
Cabe recordar que en esta verificación ya venía empleándose con éxito el sistema articulado por los agentes de la cadena del medicamento: NodoFarma. No obstante, desde el Ministerio de Sanidad siempre se ha defendido poder conocer y poder manejar la información que genera la verificación a través de este repositorio público, si bien se acumulan años de retraso en su puesta en marcha y la verificación entró en vigor con (y gracias a) el repositorio sectorial.
Así lo ha querido recordar el sector tras conocerse la intención ministerial de publicar esta Orden. “El compromiso con Europa era comenzar a verificar el 19 de febrero de 2019. Desde entonces la red de farmacias ha estado verificando a través de su herramienta Nodofarma Verificación y se han realizado 3.100 millones de operaciones. La realidad es que es que todos los laboratorios, toda la distribución, las 22.137 farmacias y todos los hospitales privados están verificando desde hace más de 30 meses tal y como el reglamento delegado exigió al Reino de España. De no haberlo hecho, España hubiera sido sancionada”, recuerda Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos.
Por ello, desde esta entidad se considera que “no hay justificación de ningún tipo para la construcción de esta infraestructura que va a duplicar esfuerzos e inversiones en un sistema que ya existe y funciona. Desde el primer momento echamos de menos falta de voluntad política para sumarse a este proyecto desde la dirección general responsable de esta materia”, en palabras de Aguilar.
Litigio judicial abierto
Al margen de este nuevo desencuentro, cabe recordar que se encuentra abierto un litigio judicial en torno a este asunto.
En concreto, el RD que habilitaba al Ministerio para sacar la orden que se acaba de conocer ya fue recurrido ante el Tribunal Supremo, el cual acordó, ante las dudas que planteaba su contenido en cuanto a compatibilidad con la normativa europea, elevarlo a una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE. “Lo razonable sería esperar a que se pronuncie”, se apunta desde el CGCOF.
