Recientemente, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tarragona (COFT), con el apoyo de la Diputación de Tarragona y la Fundación “la Caixa”, ha puesto en marcha un programa piloto en las farmacias de poblaciones rurales de la provincia ofrecen, de forma gratuita, el control de la medicación a determinados pacientes a través del Servicio Personalizado de Dosificación (SPD). El proyecto, bajo el nombre “Servicios Farmacéuticos en el Entorno Rural”, se desarrolla en 10 farmacias de municipios de menos de 1.500 habitantes que ofrecen el servicio a 50 pacientes, cinco por cada farmacia, durante un período de cuatro meses, de septiembre a diciembre.
Pese a que este tipo de iniciativas ligadas a la gratuidad de este servicio también han tenido cabida en otras Comunidades Autónomas (CCAA), ninguna parece dar un paso hacia adelante de cara a implementarlo definitivamente a nivel provincial o autonómico. No obstante, teniendo en cuenta que el futuro de la Farmacia estará marcado por la “asistencialidad“, ¿se acabará implementando en toda España en casos específicos? Con el objetivo de conocer las opiniones del sector, EG se ha puesto en contacto con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona (COFB), el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CACOF) y el COF de Islas Baleares (COFIB).
SPD, un servicio implementado en 16 CCAA
Tamara Peiró, responsable del Área Asistencial del CGCOF, explica que, actualmente, el Sistema de Reacondicionamiento de medicamentos empleando SPD se está realizando en farmacias de 16 autonomías bajo programas llevados a cabo por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COFs) o Consejos Autonómicos, conveniados o no, con las Administraciones correspondientes. De hecho, es el Servicio de Atención Farmacéutica que más ampliamente está implantado tras la dispensación, la indicación farmacéutica y el asesoramiento sobre medicamentos. En este sentido, afirma que son especialmente relevantes en el caso de los mayores y de los pacientes crónicos vulnerables para los cuales se diseñan estos programas concertados en los que el paciente no asume su coste. “En esos casos, los pacientes deben cumplir con los criterios establecidos por dichos programas para acceder al Servicio y la financiación”, alega.
Siguiendo esta línea, informa de que son varios los COFs que han desarrollado programas para la generalización de su uso entre estos colectivos. Existen ejemplos como la colaboración del Consejo de Colegios de País Vasco con la Consejería de Sanidad para mejorar la utilización de la medicación por parte de las personas atendidas por los servicios de ayuda a domicilio y servicios sociales o el COF de la Región de Murcia que ha desarrollado un protocolo de colaboración con la Cruz Roja y el Ayuntamiento de Cartagena para financiar y proporcionar la medicación necesaria a través de los SPD a personas vulnerables que además viven en soledad.
Obstáculos
Poniendo el foco sobre los obstáculos que observa a su implementación, Peiró enfatiza en que el Servicio tiene un coste asociado (materiales, tiempo, recursos humanos, etc.) que debe ser cubierto bien por el propio paciente o bien por la Administración correspondiente. Por tanto, “estos programas remunerados para pacientes con características concretas facilitan el impulso que hay que dar para implementar el Servicio en el día a día de la farmacia”, indica.
Otro aspecto que saca a colación es el normativo. Respecto a la elaboración de SPD por las farmacias, a nivel nacional, la legislación aplicable es el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y que establece que, una vez efectuada la dispensación, se podrán facilitar SPD a los pacientes que lo soliciten, en los tratamientos y con las condiciones y requisitos que establezcan las administraciones sanitarias autonómicas.
“Este tipo de iniciativas aportan beneficios tanto para las farmacias participantes y los pacientes como para los médicos de atención primaria y los servicios sociales”
Tamara Peiró, responsable del Área Asistencial del CGCOF.
“Si bien la ordenación de los SPD corresponde a las CCAA y varias de ellas han trabajado ya en un desarrollo normativo especifico que cada farmacia de esa región debe seguir”, confirma. Por tanto, “la farmacia tiene que regirse por las condiciones que marque su normativa, tanto a nivel de procedimiento de SPD como de los recursos, medios a emplear y documentación a aportar”, subraya Peiró.
Atendiendo al ámbito rural, para la responsable del Área Asistencial del CGCOF “este tipo de iniciativas aportan beneficios tanto para las farmacias participantes y los pacientes como para los médicos de atención primaria y los servicios sociales que, en muchos casos, son los que derivan a los pacientes a las farmacias para su inclusión en estos programas”. Es decir, prosigue, “los SPD favorecen la implantación de los Servicios Profesionales Asistenciales en el medio rural y la de las medidas más viables para favorecer el asentamiento de los pacientes crónicos en estos municipios teniendo un control de su salud por parte de la farmacia”.
Cataluña
En palabras de Jordi Casas, presidente del COFB, aunque esta medida se ha implementado recientemente en Tarragona, ya lleva algo más de un año realizándose en farmacias de la provincia de Lleida. “Se ofrece el servicio de seguimiento terapéutico con SPD a unas cinco o seis pacientes por farmacia”, corrobora. De esta manera, el objetivo del proyecto es doble: por un lado, garantizar el seguimiento y, por otro, al ofrecerse en farmacias de zonas rurales de menos de 1.500 habitantes, poner en valor el papel que desempeña la farmacia como prácticamente el único punto de atención sanitaria existente.
Por ello, Casas insiste en que es un proyecto “muy positivo” porque “al final no deja de ser otro servicio conveniado y retribuido”. Al respecto, subraya que, “cada vez que conveníamos y retribuimos un servicio, al final damos un paso más en la consolidación de esta farmacia asistencial”. Gracias a esto, prosigue, “la Administración pública es más consciente del papel que puede jugar la farmacia comunitaria, y eso es muy positivo”.
“Es un proyecto muy positivo porque al final no deja de ser otro servicio conveniado y retribuido”
Jordi Casas, presidente del COFB.
Pese a ello, Casas alerta que este tipo de proyectos están limitados a la existencia de financiación. En el caso de Lleida, menciona que, aunque se ha prorrogado, el proyecto tiene unos plazos. “Una vez acabados estos plazos, habrá que valorar si la misma Diputación quiere seguir haciendo frente a los costes del servicio o incluso si a nivel del sistema sanitario la provisión de estos servicios se incorporará a la cartera de servicios”, asevera.
Valencia
Mª Teresa Vicedo Salort, vocal de Farmacia Rural del MICOF, y Salvador Gutiérrez Igual, farmacéutico de Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales del MICOF, indican que en la Comunidad Valenciana también se han implementado iniciativas de este calibre. “A nivel provincial, el MICOF y la Diputación de Valencia llevan desarrollando durante tres años consecutivos un programa destinado a la prevención de la despoblación y el uso seguro de la medicación en las farmacias rurales valencianas a través de la financiación de los SPD de los pacientes atendidos”, alegan.
Al respecto, también especifican que estos deben haber sido derivados, en primer lugar, por el farmacéutico del municipio al trabajador/a social y médico del municipio para que valoren, en base a unos criterios objetivos, si él o la paciente cumple los requerimientos considerados óptimos para la elaboración de forma gratuita de dichos SPD. “Cada farmacia inscrita al proyecto puede elaborar a lo largo de todo el año los SPD correspondientes hasta a un total de cinco pacientes”, aseguran.
En este sentido, remarcan que “estos proyectos, de carácter social, han alcanzado una colaboración entre tres estamentos fundamentales, como son los trabajadores y trabajadoras sociales de los municipios rurales de Valencia, los médicos y los farmacéuticos y farmacéuticas de la localidad”. Como consecuencia directa de ello, aseguran que los resultados están siendo muy positivos. “La colaboración con los distintos profesionales es fluida y colaborativa y después de esta tercera edición, la acogida por parte de los farmacéuticos de municipios rurales continúa siendo muy buena”, indican.
Andalucía
Por su parte, fuentes consultadas del CACOF también señalan que en Andalucia hay experiencias a nivel provincial similares. Así, mencionan la existencia de convenios entre los COFs y entidades como ayuntamientos o diputaciones a través de los que se financia el servicio a personas vulnerables que estiman que lo necesitan. “El CACOF fue pionero hace años en la acreditación del servicio de SPD con cursos, protocolos, etc.”, aseveran.
En este sentido, sostienen que, además, éste fue el primer servicio profesional que se desarrolló en Axon Farma, herramienta de ayuda del Consejo Andaluz para favorecer el desarrollo de la farmacia asistencial basada en la relación con el paciente y la implantación de servicios profesionales farmacéuticos. Motivo de ello, consideran que se debe remunerar.
Islas Baleares
La implementación de este tipo de iniciativas no sería algo fructífero en Baleares, por ejemplo. El motivo es que, como afirma Antoni Real, presidente del COFIB, aunque es una medida “positiva y acertada”, no sería exactamente extrapolable en Baleares por el hecho de no contar con farmacias rurales. “Su equivalente, las farmacias VEC, son únicamente siete en nuestra comunidad autónoma”, informan. Por ello, a día de hoy, no se ha implementado medida alguna relacionada con la gratuidad de los SPD.
En cuanto a su gratuidad, Real señala que “hay que entender que la labor del farmacéutico en la realización de SPD no se limita a ordenar la medicación, si no que realiza un estudio de la misma y un seguimiento farmacoterapéutico del paciente, por lo que su remuneración es una forma de poner en valor y reconocer la labor del farmacéutico como profesional sanitario de primer orden y experto en el medicamento”.
“Su remuneración es una forma de poner en valor y reconocer la labor del farmacéutico”
Antoni Real, presidente COFIB.
Aun así, el presidente del COFIB corrobora que conocen los numerosos beneficios que tiene el servicio de SPD en la población, como mejorar la adherencia a los tratamientos e identificar problemas relacionados con la medicación, que contribuyen en la reducción de visitas a urgencias y hospitalizaciones, lo cual redunda en el ahorro de recursos y mantenimiento del sistema sanitario. De hecho, Real garantiza que “es necesario implementar alguna forma de colaboración con la Administración que haga posible la gratuidad del servicio de SPD para el paciente y, al mismo tiempo, vea reconocida la labor profesional del farmacéutico con la remuneración del servicio”.
Implementación nacional
Desde el MICOF sostienen que están “totalmente convencidos” de que este tipo de proyectos tienen cabida como medida consolidada a implementar en todo el territorio nacional. No obstante, hacen hincapié en que esta función se incrementa más si cabe en municipios rurales pequeños, donde la atención es muy personalizada y el contacto especialmente estrecho. Asimismo, destacan algunos beneficios ligados a la mejora en la adherencia terapéutica, especialmente en aquellos grupos poblacionales más desfavorecidos, por lo que “la implementación a nivel estatal podría considerarse un éxito de la atención farmacéutica y un reconocimiento a la labor asistencial que se realiza día a día”.
“La implementación a nivel estatal podría considerarse un éxito de la atención farmacéutica y un reconocimiento a la labor asistencial que se realiza día a día”
MICOF.
Para el presidente del COFIB, es algo que “sin duda” tendría cabida. “Sabemos de los beneficios de los SPD, a lo que si añadimos la accesibilidad y proximidad de las farmacias y la labor de los farmacéuticos, como expertos en el medicamento, este proyecto puede contribuir mucho a mejorar la salud y el bienestar de los pacientes y a disminuir costes relacionados con la medicación”, confirman.
Casas incide en que cuando se habla de extrapolar este tipo de proyectos piloto a toda Cataluña, incluso a España, también hay que tener en cuento el tema presupuestario. “En Cataluña hay en torno a 80.000 y 100.000 pacientes crónicos complejos, y esto tendría un impacto presupuestario notable”, garantiza el presidente del COFB. “Se debe valorar si es viable o no, incluso operativamente desde las farmacias y económicamente por parte del sistema sanitario”.
Asimismo, Casas hace referencia a que, de cara a extrapolarlo a farmacias urbanas, “igual sí que sería conveniente hacer un proyecto piloto para ver si es factible, teniendo en cuenta los recursos económicos y la inversión presupuestaria”. Además, subraya que “hay que empezar a explorar”. “Aquí serán muy importantes los criterios de selección de los pacientes que pudieran entrar en un servicio como este”, añade.
