Alberto Cornejo Madrid | viernes, 05 de julio de 2019 h |

Tanto en el spending review de la AIReF sobre gasto de receta como en el borrador del un futurible Plan de Acción para el fomento de biosimilares y genéricos, son muchas las medidas propuestas que afectarían directa (y negativamente) a las oficinas de farmacia. Ahí están sobre el horizonte unas subastas nacionales de medicamentos, la obligación de devolver al SNS los descuentos obtenidos de los laboratorios en la compra de genéricos, al aumento de las deducciones aplicadas a ciertos grupos de medicamentos, etc. De toda esta actualidad habla para EG el máximo representante de quienes serían principales ‘sufridores’: los titulares.

Pregunta. Desde FEFE salen palabras como “escándalo”, “obsesión con las farmacias”, etc. ¿Tan negro sería el futuro si se acaban concretando estas medidas?

Respuesta. No tenemos ninguna duda. Actualmente estamos trabajando en estimar cuál sería el impacto económico en cada farmacia —una primera estimación de su Observatorio del Medicamento vaticina un descenso medio de la facturación de 70.000 euros y un descenso del beneficio antes de impuestos de 18.000 euros—. Pero es que el problema ya no son las formas en las que se ‘visten’ los recortes. Hay un problema de fondo.

P. ¿Cuál es ese fondo?

R. Los gestores en las Administraciones van rotando y optan por el “que me quiten lo bailao”. Aquellos que han venido recortando a la farmacia en los últimos 20 años han ido desapareciendo de la escena. Saben que están de paso y su misión es la de cuadrar cuentas. Difieren en el tiempo los daños que provocan sus recortes y así se responsabilizarán, si lo hacen, los siguientes. Si desde las Administraciones se ‘vende’ que ya no hay recortes en Sanidad, que los profesionales sanitarios han recuperado sus salarios… ¿Por qué se sigue recortando a la farmacia? Algunas de las medidas aún vigentes sobre nuestro sector se incluían en el mismo paquete de esas medidas anticrisis ya revertidas.

P. Si lo hay, ¿dónde está el límite?

R. Todo tiene un límite, y en nuestro sector estará en el día en el que se empiecen a cerrar farmacias. Como esos gestores no ven que se cierren establecimientos, e incluso ven que numéricamente la red sigue creciendo y que cuando se convocan concursos se asignan las plazas ofertadas, siguen pensando que todavía hay margen.

P. No sé si a los titulares les parece especialmente grave que tuvieran que devolver los descuentos obtenidos al comprar genéricos, al ser una intromisión directa en una relación comercial.

R. Si atendemos a recientes manifestaciones de las Administraciones, no nos consideran empresarios ni que tengamos relaciones comerciales de derecho privado. Ahora también el Supremo nos acaba de negar la naturaleza de empresa para cobrar intereses comerciales ante impagos (ver información en página siguiente). Tenemos la obligación de dispensar pero sin derecho a gestionar nuestro negocio. Intervencionismos así intentan poner puertas al campo.

P. Si se implantan unas subastas nacionales, ¿cree que hay que cambiar el discurso (argumentario) empleado para Andalucía?

R. Seguiremos insistiendo en los riesgos que supone para los pacientes los desabastecimientos que produce este modelo. Todo ello agravado, al ser de ámbito nacional. La Administración tampoco puede ocultar que provocará una expulsión del mercado de aquellas compañías que no sean adjudicatarias.

P. Usted forma parte del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). ¿Cómo se ve todo este escenario en dicha entidad?

R. En la CEOE existe esa preocupación por el hecho de que los recortes siempre se apliquen a los operadores privados. En el caso de las farmacias, por la vía de la facturación: seguir haciendo lo mismo con menos rentabilidad. También preocupa la falta de desarrollo de la colaboración público-privada o que, cuando se fomenta, se primen aquellas iniciativas sin ánimo de lucro para la rama privada. Todo ello justificado en el mantra de que “está mal ganar dinero con la Sanidad”. Eso, trasladado a nuestro ámbito, supone que a través de los conciertos se intenten imponer nuevos servicios a asumir por las farmacias, pero a coste cero para la Administración.

“Los gestores creen que hay margen mientras no vean cerrar farmacias”
“¿Devolución de descuentos? Se intenta poner puertas al campo”
“Solo se fomenta la colaboración público-privada a coste cero”