Jesús Aguilar

En el marco de la presentación del documento de consenso por el que la profesión farmacéutica se posicionaba a favor de mantener el prospecto en papel de los medicamentos dispensados en la farmacia comunitaria, Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), se ha pronunciado sobre uno de los temas más polémicos de la actualidad: la dispensación de medicamentos veterinarios.

Pese a que desde la Organización Farmacéutica Colegial habían preferido mantenerse al márgen y no decir nada al respecto, Aguilar ha dado unas pinceladas sobre su opinión. En este sentido, ha sacado a colación la importancia de respetar la ley. “Hay una premisa en este país, que se sigue manteniendo, de que el profesional que prescribe no dispense y el que dispense no prescriba, y esta es la máxima”, ha aseverado.

Siguiendo esta línea, ha relatado que, a partir de aquí, “lo que tenemos que hacer entre todos es cumplir los reglamentos y con los decretos que hay ligados a la prescripción y a la dispensación de medicamentos veterinarios”. “Esto es lo que hay que cumplir”, ha insistido. Además, ha subrayado que “la Organización Farmacéutica Colegial lo tiene claro, pero quien lo tiene más que claro es el Ministerio de Agricultura, que es quien se encarga de todos estos temas y con el que he estado reunido esta misma mañana”.

Cabe mencionar que ya otros actores del sector farmacéutico se pronunciaron al respecto. Este es el caso de COFARES o de la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR). Más en concreto, sus reivindicaciones estuvieron orientadas a poner en valor el papel de la profesión farmacéutica que ejercen en la dispensación de los medicamentos veterinarios y, a su vez, de la importancia de que se respete la premisa de que quien prescribe no dispensa y viceversa para evitar el conflicto de intereses.

COFARES

Eduardo Pastor, presidente de COFARES, optó por expresar abiertamente su descontento con esta situación. Por ello, puso sobre la mesa la necesidad de apostar por la Farmacia y por el cumplimiento de la ley. Profundizando en el último caso, mencionó que ésta “no deja lugar a dudas”. “La ley es clara y establece un régimen de incompatibilidades de tal forma que el prescriptor no pueda asumir, a la vez, el rol de dispensador, o viceversa, lo que evita cualquier posible conflicto de interés. Y esto debe cumplirse”, añadió.

Así, Pastor recalcó el papel del farmacéutico en el proceso de custodia, conservación y dispensación de los fármacos sujetos a prescripción, tanto de uso humano como de uso animal. Paralelamente, sacó a colación que la Farmacia es el establecimiento sanitario habilitado para garantizar un acceso seguro, equitativo y controlado a estos tratamientos. Al respecto, Pastor enfatizó que “no toleraremos que se ponga en duda el compromiso con la salud animal de los farmacéuticos, ni el papel esencial que desarrollan tanto en zonas rurales, como en entornos urbanos”. Motivo de ello, el presidente de COFARES aseveró que “seguiremos trabajando para defender a la profesión“.

SEFAR

Por su parte, desde SEFAR indicaron que “la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios es clara y tajante respecto a las condiciones de prescripción, custodia, conservación y dispensación de medicamentos con el fin de garantizar los derechos de pacientes y/o consumidores”. De hecho, alegaron que “entendemos que la pretensión de que el prescriptor sea, además, dispensador de estos productos supondría un retroceso que iría en perjuicio de nuestros pacientes y de la salud pública”.

Poniendo en foco en la exigencia de garantías farmacológicas, recalcaron que, desde el punto de vista farmacológico o químico, “no existen diferencias entre los medicamentos destinados a uso humano o animal por lo que todas las garantías sanitarias exigibles a los primeros, han de ser exigibles también a los segundos“. Asimismo, desde SEFAR afirmaron que el hecho de que, habitulmente, se manipulen o fraccionen los envases comercializados o de no respetar las condiciones de conservación “suponen una clara vulneración de la legislación vigente“.


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