Los farmacéuticos comunitarios, en ocasiones, no pueden satisfacer las necesidades urgentes de los pacientes en la dispensación de fármacos con receta, convirtiéndose en un verdadero problema cuando la salud del paciente está en juego. Para poder afrontar esta situación, la posibilidad de extrapolar al sector público el modus operandi que se sigue a través de la receta electrónica privada se postula como una alternativa que podría reportar beneficios tanto para la profesión farmacéutica como para los pacientes. Por ello, contar con la intervención inmediata de un médico y la posibilidad de dispensar cualquier medicamento en casos de urgencia podría combatir múltiples problemáticas de la práctica diaria.
Para Luis de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), el recorrido es más sencillo en el ámbito privado porque el sector público es “lento y rígido”. Además, recalca que, en la actualidad, “hay luchas corporativas” ligadas a la acción de recetar. “El sector público tiene el problema de la financiación pública, del control y de que está la Administración y, por lo tanto, es lenta, tediosa y monolítica”. “El sector privado también tiene su burocracia pero siempre es más ágil “, añade.
Evitar invasiones competenciales y mejorar la asistencia farmacéutica
Siguiendo esta línea, confirma que el sector privado tiene que cumplir con legalidad y satisfacer necesidades de la población. Entonces, para De Palacio, en la medida que hay una dispensación de urgencia, la receta electrónica es una alternativa óptima que “legaliza y habilita para que no exista nunca un salto de invasiones competenciales“. “Si hay un sistema ágil de receta electrónica para un paciente en una urgencia, que no impida el acceso del medicamento, pero que permita la valoración del médico, aunque no haya podido pasar una consulta “física”, aquí el farmacéutico no se salta ni un estadío”, asevera. “Siempre va a actuar bajo orden médica”, añade.
“Legaliza y habilita para que no exista nunca un salto de invasiones competenciales”
Los desarrollos que pueden tener la receta electrónica para darle valor añadido al farmacéutico incluyen aspectos vinculados a la comunicación hacia el médico como poder mandar alertas o valoraciones sobre adherencia y cumplimiento de la terapia. “Podemos amplificar la información, la receta se incorpora en un historial farmacológico del paciente y, el farmacéutico, en cualquier momento, podría valorar efectos secundarios, mandando alertas tanto al paciente como al médico sobre falta de adherencia, reacciones adversas, ausencia de efectividad de la terapia, efectos secundarios e, incluso, prácticas irregulares“. En este caso, señala su relevancia en el caso de que el paciente esté bajo tratamiento de opiáceos. “Para todo eso, el vehículo es la receta electrónica”, asegura De Palacio.
¿Un disparo del gasto?
Por ello, parea el presidente de FEFE este modus operandi es un modelo viable si se extrapola también al sector público. “Podría beneficiarse de una solución de urgencias”, subraya. Pese a ello, lamenta que “no va a hacer nada hasta que no existan modelos de éxito privados”. “No va a querer experimentar, porque el miedo del sector público es a que esto les dispare el gasto“, confirma. En este sentido, saca a colación que “es un argumento que no tiene solución”. Así, hace una comparativa de este “disparo del gasto” haciendo alusión a cuando se dispara el gasto por ingresos hospitalarios derivados de una falta de atención previa o a cuando ocurre esto “porque la atención previa es tan ágil que eso dispara el gasto, aunque esto reduzca los ingresos hospitalarios”. “Dentro de la discusión teórica e intelectual, yo estoy muy a favor de esa digitalización y de que se desarrolle esa receta electrónica”, corrobora.
De Palacio menciona que, en los casos más urgentes, “hay veces que los farmacéuticos no esperan, sencillamente se la juegan porque hay que intentar salvar a un paciente con una inyección de adrenalina, por ejemplo”. Algo similar ocurre cuando el paciente no está en peligro de muerte total, pero se detecta una hipertensión que puede ser mortal o cuando se encuentran con un paciente con una crisis asmática sin acceso al inhalador o a un diabético que se ha quedado sin pluma. “Estas cosas pasan a diario, aunque son muy esporádicas”, asegura. De esta forma, contar con esta estrategia podría ahorrar muchas visitas al centro de salud y a Urgencias, asevera.
“El farmacéutico no va a diagnosticar nada, pero puede colaborar en encauzar una situación”
“El farmacéutico no va a diagnosticar nada, pero puede colaborar en encauzar una situación”, menciona De Palacio. Los efectos secundarios de los medicamentos pueden conllevar una revisión o nueva medicación, una situación que “puede ser fácilmente resuelta con receta electrónica”. De hecho, sostiene que así se evitarían desplazamientos innecesarios y se potenciaría la consulta telefónica. “Todo esto que estamos hablando, en el fondo, es una evolución de la consulta por teléfono”, señala. A su vez, menciona que hay síntomas menores que necesitan receta para su tratamiento. “El sistema público todavía no se ha puesto de acuerdo en si conviene hacer una guía para que los farmacéuticos registren, pero puedan dispensarlo”, relata.
Pocos obstáculos y muchos beneficios
Poniendo el foco sobre los desafíos económicos a los que se podría enfrentar el sector público, en el caso de que esto se implementara, pero también qué desafíos logísticos o técnicos que puede llevar esta integración, De Palacio indica que “pocos”. “Es a lo que menos problemas le veo porque el registro de prescripción electrónica y dispensación electrónica está más que garantizado”. “No le veo ningún problema técnico, lo que veo es problema burocrático“, añade. A su vez, recalca que “hay varias recetas electrónicas que ya llevan años funcionando y que no han dado ningún problema”.
Contribuir a dibujar un modelo de dispensación también más ágil y eficiente en casos de emergencia
Por ello, garantiza que, si se implementa, “lo que el sistema público adquiere es un ‘gran hermano’ sobre muchísima actividad médica, prescriptora y dispensadora”. “Podría hacer incluso estudios de uso y de resultado”, menciona. Así, se podría contribuir a dibujar un modelo de dispensación también más ágil y eficiente, sobre todo en estos casos de emergencia. De Palacio indica que, además, en estos casos concretos, “ahora ya están intentando ser eficientes con la renovación de medicamentos en crónicos, aunque esas eficiencias todavía están por resolverse”.
Asumir responsabilidades
Adaptar la normativa actual para también permitir que las farmacias puedan dispensar determinados medicamentos en situaciones de emergencia también es una demanda que se ha puesto sobre la mesa. “Con la revisión de la Ley de Garantías se debería valorar de que la profesión farmacéutica pueda asumir responsabilidades”, hace hincapié.
“Con la revisión de la Ley de Garantías se debería valorar de que la profesión farmacéutica pueda asumir responsabilidades”
Al respecto, señala que hay una “instrahistoria” ligada a los incentivos económicos que los médicos reciben por realizar la revisión de la medicación de los pacientes. Por ello, afirma que “habría que modificar el sistema de incentivos” de los facultativos. No obstante, menciona que “diseñar el sistema con los incentivos para que los prescriptores sean eficientes, es muy difícil, porque tienes productividad, por un lado, pero independencia médica, por el otro”.
