Este domingo cerca de 35 millones de españoles han acudido a las urnas con motivo de las elecciones autonómicas y municipales en gran parte del territorio. En concreto se han celebrado comicios en doce comunidades autónomas y 8.131 ayuntamientos que han dibujado el nuevo mapa electoral en España. La mayoría de programas políticos, algo que cada vez es más frecuente, han hecho hincapié en medidas en materia de sanidad y salud de la población, aunque la farmacia no siempre ha ocupado un espacio prioritario en estos documentos o en campaña.
Desde El Global hemos analizado los programas marco de los principales partidos políticos a nivel nacional para esta cita electoral, pero muchas propuestas relevantes para la farmacia se encuentran en los documentos regionales. Por ello es ineludible examinar los textos a nivel autonómico, donde se presentan medidas más concretas sobre la integración de la farmacia comunitaria en los sistemas de salud en colaboración con el resto de niveles asistenciales, así como la potenciación de los servicios que se pueden ofrecer desde las boticas. Sin olvidar una cuestión donde confluyen ambas circunstancias, como es la farmacia rural. También hay algunas medidas sobre el sector farmacéutico o la vertiente social, cada vez más destacada, del farmacéutico.
Integración de la farmacia
La integración de la farmacia comunitaria en el sistema sanitario y la colaboración entre profesionales sanitarios es una de las grandes demandas de la farmacia comunitaria. La mayoría de programas hacen una mención expresa a este punto y también al trabajo conjunto con el resto de especialidades, como farmacia hospitalaria o primaria. Muchos partidos aluden incluir a las boticas en las estrategias autonómicas o en los programas de salud pública.
Algunos van un paso más allá y ofrecen medidas para hacer efectiva dicha integración, sobre todo en materia de Salud Pública. Por ejemplo, el PP balear y Podemos Aragón consideran necesario la participación de las farmacias en programas de cribado y protocolos de detección precoz. En este sentido, una propuesta importante, a juicio de Unión del Pueblo Navarro, es la implantación de “protocolos de actuación de atención integrada ante síntomas menores en colaboración entre Salud y farmacéuticos de oficinas de Farmacia”. Circunstancia que podría asemejarse a lo ocurrido recientemente en Reino Unido con la prescripción farmacéutica.
La comunicación entre profesionales sanitarios es una cuestión muy demandada en la farmacia comunitaria. Sobre ello el PSOE de la Comunidad de Madrid pretende implementar “canales de comunicación directos entre farmacias, centros de salud y hospitales para facilitar la resolución de problemas diarios”. Como en los casos de errores en la prescripción electrónica, interacciones inadvertidas, efectos adversos documentados y prescripciones caducadas o dadas de baja anticipadamente. Por su parte Más Madrid pretende integrar a las Oficinas de Farmacia Comunitaria en unos “órganos de coordinación farmacoterapéutica” organizados por los farmacéuticos de Atención Primaria.
Encontramos otras propuestas como que el farmacéutico tenga acceso a la historia clínica, como propone Ciudadanos en Baleares, Cantabria y Asturias o el Partido Popular valenciano. Relacionado con ello están las nuevas funcionalidades de la receta electrónica para la creación de un informe farmacoterapéutico digital como pide el PP de Castilla-La Mancha, de Valencia o Podemos en Aragón, para permitir compartir la información completa sobre la medicación del paciente entre atención primaria y boticas. Así lo demanda también el Partido Regionalista de Cantabria, que considera incorporar el informe farmacoterapéutico en la historia clínica del paciente.
Hay personas que requieren una atención de todos los profesionales sanitarios, como es el caso del paciente crónico. Partidos como el PP en Castilla-La Mancha o en Baleares propone integrar la red de farmacias para atenderles en coordinación con farmacia hospitalaria y Atención Primaria para mejorar su adherencia. El PSOE de la misma comunidad defiende esta medida “para minimizar los problemas relaciones con los medicamentos”. Cs en Asturias también quiere mejorar la coordinación de los profesionales farmacéuticos con el resto de profesionales en favor del los pacientes crónicos y polimedicados.
Mayores servicios desde las boticas
Otro factor relevante para la profesión es el aumento de la cartera de servicios que se pueden ofrecer desde le mostrador de la oficina de farmacia. De hecho, un avance que se ha puesto sobre la mesa, sobre todo con la aprobación de la Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid, es la atención farmacéutica domiciliaria. Así el PP madrileño o murciano disponen en su documento de este servicio “para quienes tengan dificultad de desplazarse hasta la farmacia”. El PP de Castilla-La Mancha quiere regularlo para “colectivos específicos con criterios de vulnerabilidad”. También el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) lleva en su programa la atención a los pacientes crónicos “más vulnerables y en situación de dependencia”.
También en este sentido encontramos, como recoge el PSOE manchego, medidas que permitan acercar productos farmacéuticos de dispensación hospitalaria “de manera cercana al domicilio o en el propio domicilio”. Y es que este es un punto importante que se viene desarrollando en los últimos años: la dispensación colaborativa de medicamentos hospitalarios y que cinco comunidades autónomas tienen implementado de forma más o menos consolidada. El PP madrileño, manchego, extremeño, balear y riojano, así como Podemos Aragón y el PRC recogen la necesaria colaboración entre FC y FH para “un mejor acceso a los medicamentos de ámbito hospitalario”, la “mejora de la adherencia terapéutica”, así como evitar “desplazamientos innecesarios”.
Uno de los debates que la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (Sefac) ha puesto sobre la mesa es el de aumentar la capacidad del farmacéutico para la dispensación excepcional y así corregir situaciones que pueden perjudicar la continuidad del tratamiento de los pacientes. Sobre ello el PP de Valencia demanda un “contacto directo con el facultativo o enfermería como parte del proceso asistencial” y así solventar cuestiones como la caducidad de las recetas. Este servicio es importante también a la hora de prevenir o actuar ante faltas de suministro o desabastecimientos. El PRC apoya la dispensación de medicamentos en situaciones excepcionales “en garantía de la continuidad de los tratamientos del paciente crónico”. Esta dispensación excepcional también ayudaría en el caso de patologías poco frecuentes, donde la formulación magistral podría jugar un papel más importante para el PSOE de Castilla-La Mancha.
Los Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) también suponen una oportunidad para desarrollar esa cartera de servicios en las boticas. Tanto el PP como el PSOE manchego o el PP valenciano apoyan la inclusión en la prestación sanitaria de los SPD en las farmacias. También lo hace Podemos en Aragón.
La vacunación es un terreno donde los profesionales farmacéuticos podrían avanzar más, tal y como instan desde los organismos comunitarios como la FIP y el PGEU. Compromís lleva en su programa la incorporación de las farmacias a las campañas de vacunación de la gripe “para conseguir ampliar el número de personas vacunadas”.
Farmacia rural
Muchas de las medidas destinadas al fomento de la integración de la farmacia en los sistemas de salud o la posibilidad de realizar mayores servicios desde las boticas tienen el fin último de impulsar a la farmacia rural en entornos con riesgo de despoblación.
En varios territorios se pretende apoyar económicamente a las farmacias en situación de viabilidad económica comprometida (VEC), como recoge el programa de Cs y PP en Extremadura. Por su parte Compromís se decanta por desarrollar sistemas de compensación por facturación en estas farmacias con menor rentabilidad. Incluso la apertura de nuevas farmacias o, en su defecto, botiquines en aquellas zonas rurales con consultorios, como señala el PSOE manchego.
El PRC recoge una aspiración de la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar) como es la “remuneración adicional a los servicios profesionales de farmacia al margen de la dispensación”, para garantizar la sostenibilidad y el acceso equitativo. Podemos en Aragón considera que hay que remunerar más actuaciones como “la única forma de que la farmacia rural pueda ser sostenible y seguir prestando un servicio que se ha demostrado fundamental”; a través de SPD, revisión de botiquines o seguimiento farmacoterapéutico.
Otro servicio interesante para el entorno rural podría ser, como pide el PSOE de Castilla-La Mancha, la entrega a domicilio de medicamentos a “pacientes vulnerables y polimedicados en zonas poco pobladas”; una apuesta que también comparten los populares de la región. Podemos Aragón demanda además el uso del proyecto Telémaco para poner en contacto al paciente rural con el farmacéutico de su hospital de referencia, “a través del sistema de videollamada y posibilitando el control de la medicación y la trazabilidad”.
Otras iniciativas
Hay también otras medidas destinadas a potenciar la figura del farmacéutico o su función social. Sobre esto, Más Madrid estima que se facilite desde la oficina de farmacia la identificación y notificación de barreras en el acceso a la salud, como la pobreza farmacéutica, situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.
El PP de La Rioja quiere desarrollar una Acreditación Virtual Sanitaria, complementaria a la Tarjeta Sanitaria, para dispositivos móviles con la que “poder retirar medicamentos en la farmacia de una forma más segura y accesible”. Ciudadanos en Extremadura y Cantabria plantean reforzar la vigilancia e inspección para garantizar que “productos sin respaldo científico se vendan como medicamentos”. Además, sobre aquellos fármacos de mayor consumo, la coalición Podemos-IU-Equo en la Comunidad Valenciana considera que se debe implementar un plan de contingencia de abastecimiento para asegurar la disponibilidad de existencias suficientes junto con los hospitales públicos.
Hay también propuestas destinadas a la formación de los futuros profesionales. El PSOE de Baleares y Podemos en Aragón prevén crear nuevos grados universitarios, entre ellos el de Farmacia. En este sentido Podemos Asturias apuesta por el desarrollo de nuevas categorías profesionales sanitarias, como técnicos en farmacia, que contribuyan a la “descongestión de las agendas en atención primaria y la mejor organización del flujo de pacientes hacia la atención hospitalaria”.
Más Madrid quiere dotar a cada Zona Básica de Salud de un farmacéutico de atención primaria “potenciando las líneas de acción en relación con la prescripción y el uso adecuado del medicamento”. También este partido quiere que los métodos anticonceptivos estén subvencionados y sea gratuitos “para todas las personas entre dieciocho y treinta y cinco años, en farmacias vía receta prescrita”. En el caso de los de barrera no será necesaria la prescripción médica.
Sector farmacéutico
Sobre el ecosistema farmacéutico hay espacio en algunos programas que tratan la racionalización del gasto en medicamentos. Hay propuestas como la centralización de las compras, como propone Más Madrid, a través de una Comisión de Farmacia, o Podemos Asturias. Algo parecido pide Cs en esa misma región con la creación de una Comisión Asturiana de Farmacia “que vele por la equidad en la introducción de nuevos medicamentos y evite diferencias dentro de Asturias”. Ciudadanos en Cantabria también sugiere una Comisión de Farmacia Autonómica en la que estén representados “profesionales, los gestores y los pacientes, quienes velarán por la equidad y la eficiencia en la introducción de nuevos medicamentos”.
También hay menciones para potenciar el uso de medicamentos biosimilares al igual que los genéricos para “contribuir a la optimización del gasto farmacéutico”, sostiene Coalición Canaria. El PSOE madrileño o navarro también cree necesario mejorar el “acceso de los pacientes a medicamentos biológicos o genéricos” e incentivar la industria biotecnológica.
Hay otras proposiciones como la creación de empresas farmacéuticas públicas que se dediquen a la fabricación de productos sanitarios o moléculas sin patente en casos de desabastecimiento de algún fármaco, como expresa Unidas Podemos en Canarias o Navarra. También lo propone Compromís con el fin de “investigar, producir y comercializar medicamentos de uso hospitalario y para tratamientos de enfermedades raras, entre otros”. Más Madrid defiende este punto para “generar un ecosistema de investigación e innovación farmacéutica sostenible”.
